Ángel Cruz y Patricia Ramírez, padres del niño de ocho años Gabriel Cruz, han acudido a la Ciudad de la Justicia de Almería para entrevistarse con los forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) que deberán determinar la gravedad de las secuelas psicológicas que padecen como consecuencia del comportamiento que la presunta asesina de su hijo, Ana Julia Quezada, mantuvo durante los 13 días posteriores a su desaparición en la pedanía de Las Hortichuelas, en Níjar, y hasta que se halló el cadáver del menor en el maletero del coche que conducía para intentar deshacerse de él.
Fuentes jurídicas han indicado a Europa Press que ambos, que han accedido a las dependencias judiciales en vehículo por el garaje, estaban citados en la mañana de este viernes para la práctica de esta pericial que el juez instructor, el magistrado Rafael Soriano, ordenó en un auto dictado tras la comparecencia de la procesada en sede judicial el pasado 17 de septiembre para informarle de que será juzgada por un tribunal de jurado y la imputación de presuntos delitos de asesinato, contra la integridad moral y lesiones psíquicas.
La prueba forense psiquiátrica a los padres de Gabriel fue solicitada por el Ministerio Fiscal para acreditar la comisión de dos delitos de lesiones psíquicas. El titular del Juzgado de Instrucción 5 de Almería indicó en el citado que auto que de lo practicado resultaba de forma presunta e indiciaria que, como consecuencia del fallecimiento de Gabriel a manos de la investigada, así como del comportamiento de la misma, ambos había sufrido "un estado de conmoción emocional que podría haberles supuesto lesiones psíquicas todavía por determinar".
En la resolución estimaba, asimismo, que la presunta autora, Ana Julia Quezada, quiso "hacer más grave el sufrimiento" de los padres del pequeño con su comportamiento en los 13 días en los que se prolongó su búsqueda, que "sobreactuó fingiendo desmayos" y que se "exhibió de forma pública y notoria de modo compungido y afligido" por la desaparición de un niño "que días antes había matado con sus propias manos".
"Este comportamiento en modo alguno podía ser real y estaba orientado presuntamente a hacer más grave el sufrimiento de los padres", sostuvo el magistrado Rafael Soriano, para quien Quezada "contribuyó activamente a hacer creer" a su expareja Ángel Cruz y a Patricia Ramírez que "su hijo estaba vivo".
Añadía, para apuntalar la imputación de los presuntos delitos contra la integridad moral, que les "infundió continuos ánimos, manifestándoles que, con seguridad, podría haber sido secuestrado y que pedirían un rescate por su liberación" y colaborando "activamente en la búsqueda".
Como muestra de "tal proceder criminal", el auto hacía referencia al día en el que la procesada salió con el padre de Gabriel a realizar una batida junto a la localidad de Rodalquilar.
"Con una excusa logró que Ángel se alejara de ella, aprovechando tal momento para sacar de entre sus ropas la camiseta que había quitado al menor después de matarlo, y poniéndola entre una matas. Entonces llamó a gritos al padre manifestándole que había encontrado una prenda y que, sin duda, pertenecía al menor por cuanto la había olido y olía a Gabriel, al que días antes había matado con sus propias manos", relataba el magistrado.
Fue en ese momento, según subrayaba, cuando "sobreactuó fingiendo desmayos y una lesión en el tobillo" dado el "revuelo" creado por la aparición de la prenda al llegar al centro de operaciones desde el que se coordinaba la búsqueda del menor.
"COLOFÓN DE SU CONDUCTA DE DESPRECIO"
La resolución calificaba de "colofón de su conducta de desprecio" las expresiones que profirió la procesada al volante del vehículo en cuyo maletero trasladaba el cadáver del niño tras desenterrarlo de la finca de Rodalquilar en la que lo mantuvo oculto días. "Al subir al asiento del conductor, la investigada dijo, hablando consigo misma y entre susurros '¿Dónde lo puedo llevar yo, a algún invernadero?", así como '¿No quieren un pez? les voy a dar un pez por mis cojones'", especificaba.
Con respecto al asesinato de Gabriel, el auto recogía que no "consta" oposición o voluntad de el pequeño en contra de marcharse con Ana Julia Quezada cuando esta lo cogió para llevarlo al cortijo propiedad del padre en Rodalquilar donde supuestamente lo mató, lo que explica que se decretara el sobreseimiento del delito de detención ilegal que se atribuyó inicialmente.
Detalla que aprovechó que el padre del menor se encontraba trabajando ese día, que eligió un "lugar apartado y despoblado", que hizo uso "de su superioridad física y de edad" y que actuó "de manera sorpresiva e inesperada, sin motivo o razón alguna acreditada". "Lo asfixió con sus propias manos sin que el menor pudiera hacer nada por defenderse", destacaba.
INTENTÓ PROPORCIONARSE UNA COARTADA "VEROSÍMIL"
El magistrado también desgranaba los siguientes pasos que dio la procesada una vez "consumada la acción criminal" y apunta a que utilizó "un hacha que se encontraba en las inmediaciones" para "lograr que el cuerpo sin vida quedara cubierto por las piedras que rodeaban la piscina y, así ocultarlo a los ojos de las personas que pudieran buscarlo".
"A continuación, para dar apariencia de normalidad y proporcionarse una coartada verosímil, procedió a pintar la puerta de acceso al cortijo, así como una lavadora que había en el interior del mismo", concluía.
En la parte dispositiva del auto, el magistrado Rafael Soriano ofició, asimismo, a petición de la acusación particular, al Instituto de Medicina Legal de Almería (IML) para que aportase al juzgado, en formato DVD, las imágenes del TAC que se realizó del menor en el Hospital Torrecárdenas previamente a la realización de la autopsia para una pericial de parte.
Por último, admitió la prueba interesada por la entonces acusación popular ejercida por la asociación 'Clara Campoamor', ahora apartada de la causa por sentencia de la Audiencia Provincial de Almería, en orden a realizar una prueba pericial forense para acreditar la capacidad volitiva e intelectiva de Ana Julia Quezada.
