Las opciones que se barajan son suspender el contrato o seguir sin abonar ni un solo euro
Después de que el Consistorio aprobara en pleno iniciar los trabajos de adaptación del planeamiento vigente, de 1994, a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), ahora lo que se está cuestionando es la continuidad o no de Enrique Bardají como director redactor de la revisión del Plan General. Así lo indicó esta semana el alcalde y responsable de Urbanismo, David Valadez, quien señaló que, para poder continuar con los trabajos de revisión del nuevo PGOU, habrá primero que decidir sobre la situación contractual con el estudio de arquitectos de Bardají.
Y es que, tal y como se expuso en el último pleno, si bien el arquitecto ya ha cobrado casi un millón de euros por este concepto, los trabajos no han concluido y el plazo de ejecución fijado en el contrato está ya agotado. "La jefa del departamento de contratación pone de manifiesto la necesidad de que se complemente con otros informes la obligatoriedad o no de que los trabajos de revisión continúen siendo adjudicados a Enrique Bardají en función de las retribuciones que ha percibido por unos trabajos que no están concluidos", indicaba el regidor municipal, que recordaba que, "desgraciadamente, el Ayuntamiento de Estepona ni siquiera ha llegado a aprobar inicialmente el nuevo PGOU".
Así, Valadez adelantaba que, atendiendo a la observación de la jefa de contratación, ya se han encargado otros informes jurídicos y técnicos, en base a los cuales el Ayuntamiento decidirá si Enrique Bardají continúa o no con la redacción del PGOU. Lo que se pretende es, según el alcalde, "que la decisión que pueda adoptarse de índole político lógicamente esté contrastada con los informes y cuente con todos los parabienes legales". "No tiene ningún sentido que nos apresurásemos a adoptar una decisión que pudiese suponer una indemnización económica o que se ralentizaran aún más si cabe los trabajos de revisión del PGOU", matizó el primer edil. Y es que lo que Valadez quiso dejar claro es que el Consistorio se decantará por la opción que resulte más ventajosa para el municipio: suspender el contrato con el estudio de arquitectos o continuar con el mismo, eso sí, sin abonar ni un solo euro más por unos trabajos que ya deberían haberse realizado.
La Plataforma pide colaborar en la redacción del Plan
La Plataforma Vecinal de Estepona quiere contribuir en la redacción del futuro planeamiento de la ciudad, aportando las propuestas del colectivo. Así lo transmitieron en una nota de prensa, en la que mostraban su predisposición a colaborar tanto en los trabajos de adaptación del PGOU vigente, como en los de la revisión del nuevo Plan.
Además, desde la agrupación vecinal piden al Consistorio que les dé información sobre la situación contratactual con el estudio de arquitectos que dirige Enrique Bardají. Y es que critican que el equipo de arquitectos haya cobrado cerca de un millón de euros del Ayuntamiento, tal y como apunta la jefa de contratación en su informe, a pesar de que no ha progresado en los trabajos de revisión del PGOU. Es más, desde la Plataforma apuntan que, llegado el caso, el Consistorio debe exigir a Bardají la devolución de los honorarios que podrían haber sido cobrados indebidamente, destinando su importe a resolver algunas de las necesidades urgentes del municipio.
ADAPTACIÓN DEL PGOU
Mientras tanto, técnicos de la delegación de Urbanismo del Ayuntamiento y de la propia Junta de Andalucía comenzarán ya a trabajar en la adaptación del PGOU de 1994 a la LOUA. Unos trabajos que, según adelantó el alcalde, deben estar concluidos y listos para su aprobación en sesión plenaria en el primer semestre del próximo año.
De hecho, Valadez señaló que "gracias a los trabajos realizados por Enrique Bardají", esta labor va a agilizarse más de lo previsto. Además, se comprometió una vez más a que el documento de adaptación a la LOUA será consensuado con todos los integrantes de la corporación municipal para su aprobación definitiva.
Cabe recordar que esta actuación está subvencionada por la propia Junta de Andalucía, que persigue que las administraciones locales adapten sus planes vigentes a la nueva ley mientras desarrollan la revisión del PGOU.