Andalucía rebaja la previsión de crecimiento económico al 5,5% en 2022 por guerra

La economía andaluza crecerá en 2022 en torno al 5,5 % frente al seis por ciento previsto para este año como consecuencia del impacto de la guerra de Ucrania, aunque las relaciones comerciales de Andalucía con Rusia y Ucrania son limitadas.

El consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco, que ha comparecido en comisión parlamentaria para informar del impacto económico en Andalucía de la guerra en Ucrania, ha explicado que estas previsiones se han agravado por el impacto del paro de los transportistas de mercancías en España, si bien ha precisado que en un contexto mundial de incertidumbre como el actual hay que esperar a mayo para hacer una previsión más certera cuando se publiquen los datos de PIB de Europa y España en el primer trimestre del año.

No obstante, ha señalado que la exposición de la economía andaluza al impacto de la guerra en Ucrania es muy limitada y algo inferior a la de España, ya que las exportaciones andaluzas a ambos países representan el 0,7 % del total y el 0,2 % las importaciones.

Las exportaciones de Andalucía a Rusia sumaron el año pasado 202 millones, el 0,5 % del total de las ventas, sobre todo de materias primas como minerales y productos de alimentación como aceitunas y aceite de oliva, y ocupa la posición 26 en el listado de los países a los que vende fuera.

Las importaciones que realizó Andalucía a Rusia ascendieron a 517 millones, el 1,6 % del total de lo importado, sobre todo productos energéticos como petróleo y sus derivados y es el séptimo importador de petróleo.

Por su parte las exportaciones andaluzas a Ucrania se elevaron a 46 millones, el 0,1 % del total, y las importaciones ascendieron a 184 millones, el 0,6 % del total, sobre todo maíz y aceite de girasol.

El consejero ha destacado las iniciativas adoptadas por el gobierno andaluz ante esta "delicada coyuntura" para paliar los efectos en el tejido productivo y ha mencionado la ampliación del decreto de sequía, la suspensión temporal de las tasas portuarias y pesqueras y 15 millones en vales para empresas industriales, entre otras.

Ha pedido al gobierno central que reduzca el IVA a los productos básicos y a los hidrocarburos y ha asegurado que la Junta está dispuesta a renunciar a lo que le corresponda por la recaudación de estos impuestos si se recorta el IVA.

El portavoz del PSOE Antonio Ramírez de Arellano ha emplazado al consejero a que ayuden a los sectores productivo con los ingresos que han obtenido vía impuestos de hidrocarburos, unos 1.400 millones, otros 230 millones por el impuesto hidroeléctrico y varios cientos de millones por el IVA a los carburantes, al margen de que "renuncie o no la Junta" a esos ingresos en caso de que bajen los impuestos.

Ha instado a la Junta a que presente un "plan creíble con nuevas líneas" de actuación contra los efectos de la crisis derivada de la guerra de Ucrania en la economía andaluza y que no se limite a presentar un plan contra la sequía, al tiempo que ha destacado que el gobierno central ha aprobado un paquete por "importe de 16.000 millones".

El diputado de Unidas Podemos Guzmán Ahumada ha considerado insuficientes las medidas de la Junta y, además, ha dicho que no tienen "enganche" con esta situación, ya que son avales para la industria y un plan contra la sequía y ha emplazado al gobierno andaluz a poner en marcha un plan para proteger a las familias y a las empresas.

En representación de Vox Francisco José Ocaña ha reprochado a la Junta que "siga financiando con 1,7 millones a los sindicatos corruptos de UGT y CCOO" y no haga un mayor esfuerzo para ayudar a los empresarios y a las familias en una situación "dramática" por la subida de la inflación, por lo que ha reclamado una bajada de impuestos.

El portavoz de Ciudadanos Francisco Carrillo ha criticado las medidas anticrisis aprobadas por el gobierno central como los veinte céntimos por litro de gasolina porque "son limosnas para los transportistas que lo que quieren es que les bajen los impuestos" y ha acusado al ejecutivo de "comprar a los sindicatos con 17 millones para que se callen ante el mayor expolio fiscal y a los trabajadores".