La información tiene que ser confidencial y deben controlarse aquellos casos que sobrepasan los límites marcados por la ley. En la comisión creada al respecto se están escuchando testimonios de todo tipo. Así, unos grupos y otros presentan a mujeres que se arrepienten de haber abortado, responsables de clínicas que piden el aumento de los supuestos, asociaciones en defensa de la vida y otras que abogan por la despenalización.
Todas las opiniones, sin excepción, configuran otra radiografía, la de la opinión de la sociedad española sobre el asunto. Guste o no a algunos grupos parlamentarios, especialmente al PP, la ley debe modernizarse como han propuesto los socialistas. El resultado final es otra cuestión. Permitir a las menores de edad abortar sin consentimiento de sus tutores, como defienden algunos grupos, puede ser otorgar el poder de decisión a personas sin una madurez suficiente para discernir al respecto. Por otro lado, perseguir judicialmente a las mujeres porque se han saltado los plazos es criminalizarlas.
Debe existir acuerdo porque la ley del aborto es uno de los elementos que configuran la sociedad. Que haya más abortos no es una buena noticia. Habría sido más positivo que se evitasen embarazos no deseados. El objetivo de la nueva ley debe ser que disminuyan y que los que se practiquen tengan todas las garantías.
