Torpedos a la línea de flotación de instituciones

Es de temer que los 60.000 euros gastados por el Ayuntamiento de San Fernando para contrastar los datos aportados por la Cámara de Cuentas de Andalucía no van a servir para lavar la imagen del municipio y de sus gestores, por cuanto el prestigio de cualquier abogado no llegará nunca al de un organismo que hasta el día de hoy ha sido incontestable en sus dictámenes, hasta el punto de que el propio alcalde isleño, Manuel María de Bernardo, lo prefería para desentrañar la economía municipal antes que una auditoría externa.

Y es de temer, aunque en este caso deberá ser el alcalde y el Gobierno municipal el que lo tema o no, que esas más de setenta páginas sobre una presunta mala praxis del organismo fiscalizador de la Junta, no van a servir para que la gente cambie de opinión sobre lo sucedido. Y eso lo sabe mejor que nadie el alcalde de San Fernando porque reconoce que el gran problema es que “me han robado” y eso, como decían los socialistas este viernes y dice la mayoría de los ciudadanos, es una verdad incontestable. Tan incontestable que no caben paños calientes por mucho prestigio que tenga la persona encargada de aplicarlos. Que lo tiene, obviamente.

Sin embargo, y dejando a un lado los objetivos, institucionales o personales, cuando no los políticos, de las partes en conflicto, gobernantes y gobernados, el robo de la Caja municipal y las opiniones vertidas sobre el mismo han pasado de convertirse en un torpedo sobre la línea de flotación de la credibilidad del Ayuntamiento, a pretender ser un torpedo sobre la línea de flotación de la Cámara de Cuentas sobre la base de una presunta utilización política y partidista de su trabajo.

Dos administraciones, en suma, se están viendo salpicadas por lo ocurrido durante años y descubierto el 1 de abril de 2009 y todo apunta a que desde un lado y desde otro, se va a disparar con balas de cañón para dejar aún en peor lugar al adversario, con lo que ello supone de descrédito, no ya para el Ayuntamiento y la Cámara, para la Cámara y el Ayuntamiento, sino para las instituciones en general. Y eso sin entrar en quién de las dos partes ha hecho su trabajo con mejor o peor acierto en la defensa de los intereses públicos.