Más de 32.000 menores en Andalucía se beneficiarán de ayudas a familias vulnerables

Las ayudas económicas del Gobierno y de la Junta de Andalucía destinadas a familias en riesgo de exclusión social con menores a su cargo beneficiarán a 17.000 familias y a 32.000 menores en la comunidad andaluza.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado la Orden de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad por la que se destinan más de 3,9 millones del presupuesto de la Junta de Andalucía a transferencias a las diputaciones y los ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes para la financiación de las ayudas económicas familiares correspondientes al ejercicio 2024, un 10 % más que el pasado año.

A la financiación autonómica se suma la estatal, con una aportación aproximada para el presente ejercicio de 11,3 millones de euros, por lo que el programa de ayudas contará con un total estimado de 15,2 millones de euros, ha informado la Consejería en un comunicado.

El objetivo es permitir que los niños permanezcan en su entorno cuando se trata de familias en riesgo de exclusión y el crédito para gestionar estas ayudas será transferido a 94 entidades locales en toda Andalucía.

Como novedad, se suprime la necesidad de firmar convenios o prórrogas anuales a los mismos para el desarrollo del programa de ayudas económicas familiares, por lo que la totalidad de las entidades locales incluidas en el ámbito de aplicación de la orden tendrán derecho al apoyo financiero establecido para la ejecución del programa, sin necesidad de realizar una manifestación expresa de la representación de la entidad local para solicitar su adscripción.

Las ayudas económicas familiares se constituyen como prestaciones complementarias de los Servicios Sociales Comunitarios, de carácter temporal, dinerarias o en especie, que se conceden a las familias para la atención de necesidades básicas de los menores a su cargo cuando carecen de recursos económicos suficientes para ello.

Están dirigidas a la prevención, reducción o supresión de factores que generen situaciones de dificultad o riesgo social para los menores con el fin de favorecer su permanencia e integración en el entorno familiar y social, evitando así situaciones de desprotección que pudieran producirse de continuar las mismas circunstancias.