El PSOE ha elevado a la Fiscalía Anticorrupción una denuncia en la que solicita que se investigue la asignación de funciones, por parte del Gobierno local, a una empleada municipal que, pese a carecer de la condición administrativa de funcionario público, “está desempeñando dicha tarea al frente de la Dirección de Asistencia Jurídica del Ayuntamiento de Jerez”, y pese a que la RPT municipal “establece con claridad que dicho puesto de trabajo debe corresponder a personal funcionario exclusivamente”.
En el escrito remitido a la Fiscalía de Área de Jerez, se relata que el Gobierno local aprobó el 27 de junio de 2023 la asignación “temporal” de las citadas funciones a una “empleada laboral indefinido no fijo” y que, pese a tratarse de una “asignación temporal de funciones, desde aquella fecha y, al menos, hasta septiembre de 2024, ha venido asumiendo el puesto de Dirección de Asistencia Jurídica firmando numerosos informes” y “percibiendo un complemento de productividad para completar lo que se percibe por el citado puesto”.
En este sentido, subrayan que “la asignación de funciones es una figura excepcional que permite el artículo 73.2 del EBEP y el 66 del RD 364/1995, de 10 de marzo, fijando dicha normativa que se asignan funciones, tareas o responsabilidades, pero nunca un puesto y que siempre el empleado público ha de cumplir con los requisitos exigidos para el desempeño de las funciones asignadas”.
En este caso, reiteran, la citada empleada, “no siendo funcionaria, no cuenta con el requisito fundamental para asumir las funciones de este puesto y más aún, cuando actúa como si le hubiesen nombrado en él”.
El PSOE argumenta en su escrito que “estos hechos suponen una presunta actuación fraudulenta al aprobar una asignación de funciones de un puesto reservado a personal funcionario a una empleada laboral a la que por tanto no pueden asignarle las funciones y, a mayores, encubre la asunción del puesto como si hubiese sido nombrada en él”. Por ello, sostiene que se trata de “un nombramiento ilegal en toda regla”.
A la luz de los hechos, plantea que se investigue el presunto "nombramiento ilegal, así como el presunto intento de encubrirlo tras una asignación de funciones por parte del Ayuntamiento a personal laboral para desempeñar funciones reservadas legalmente a personal funcionario”.
Asimismo, recalca que “la emisión de informes jurídicos, por parte de la citada empleada, en expedientes administrativos municipales que articulan potestades públicas, con trascendencia para la situación jurídica de otros sujetos de derecho implicados en los mismos y para el interés general, exigen la garantía de objetividad, imparcialidad e independencia que las leyes otorgan a los funcionarios, por lo que consideramos que no concurren en la persona en cuestión, al tratarse de personal contratado laboral”.
Del mismo modo, incide en que “el pago de un complemento de productividad mensual para compensar la diferencia retributiva derivada de la fijada para el puesto, deriva un perjuicio económico para el Ayuntamiento”.
Por todo ello, y por si la situación descrita “pudiera indiciar la presunta comisión de delitos de nombramiento ilegal, malversación de caudales y prevaricación, se da traslado de los hechos denunciados a la Fiscalía para que inicie las acciones legales que considere oportunas”.
