El Tribunal Supremo ha requerido al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que designe abogado en la causa abierta contra él por supuesto delito de revelación de secretos en la difusión de información sobre la investigación por presunto fraude fiscal del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Después de que el Alto Tribunal abriese un procedimiento penal contra él hace un par de semanas, el magistrado instructor, Ángel Hurtado, da el siguiente paso e incoa diligencias previas para poner en marcha la investigación y "confirmar o descartar los indicios" existentes.
En un auto conocido este miércoles, el magistrado requiere al fiscal general que designe abogado y procurador que se encarguen de su defensa y representación en el procedimiento, para no generarle indefensión. García Ortiz podría solicitar los servicios de la Abogacía del Estado.
Por el momento, Hurtado deja pendiente de decidir si acepta las últimas diligencias solicitadas por el empresario y pareja de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, que es acusación particular en la causa, y que ha reclamado en varias ocasiones que se acceda a los correos electrónicos de la cuenta personal y profesional del fiscal general del Estado entre el 5 y el 18 de marzo de 2024.
González Amador solicita los correos electrónicos relacionados con el acuerdo de conformidad que su abogado propuso a la Fiscalía y en el que reconocía la comisión de dos delitos fiscales y proponía aceptar ocho meses de cárcel y pagar unos 525.000 euros a cambio de no ir a juicio.
El magistrado decidirá próximamente si accede o no a esta petición, y hará lo mismo respecto a la reclamación del autodenominado sindicato Manos Limpias, que también figura como acusación, y que solicitó la suspensión cautelar de funciones del fiscal general.
A la espera de saber cuál es la decisión del juez Hurtado, lo que sí hace el magistrado es solicitar a las acusaciones populares que forman parte de la causa -Fundación Foro Libertad y Alternativa; Manos Limpias; Colegio de la Abogacía de Madrid; y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)- para que en cinco días se pronuncien sobre su posible agrupamiento y actúen como una sola.
La causa del Supremo contra García Ortiz nació en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), donde el empresario González Amador presentó una querella contra la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal que le ha investigado por la difusión de una nota de prensa que aclaraba extremos sobre su investigación por presunto fraude fiscal.
El fiscal general asumió la responsabilidad de esa nota de prensa, que justificó en la obligación del Ministerio Público de informar y en la necesidad de desmentir un bulo, y el TSJM derivó la investigación al Supremo.
El Supremo no ha visto delito en la difusión de ese comunicado, pero sí quiere indagar en la filtración de los correos entre la defensa del empresario y la Fiscalía, en los que el primero ofrecía un pacto al fiscal.
