En rueda de prensa, Caraballo (PSOE) ha explicado que, según el informe jurídico encargado por la Diputación, la institución puede rescindir el contrato de alquiler en los primeros cinco años pagando, en caso de no alcanzar un acuerdo con los propietarios, una indemnización máxima a los dos titulares del espacio de 252.000 euros.
De este modo, con el cese del alquiler en junio la Diputación dejaría de pagar por los siete meses restantes de 2012 un total de 536.400 euros, lo que supondría un ahorro de casi 300.000 euros para la Diputación si finalmente paga la indemnización máxima. Al mismo tiempo dejaría de abonar a los propietarios 1.040.000 millones por el alquiler en 2013 y 2,9 millones por el tiempo comprendido entre 2014 y 2016, fecha en la que el vencía el contrato original, lo que supondría un montante total de tres millones de euros de ahorro para la Diputación.
Asimismo, Caraballo ha destacado que en el informe también se ha establecido la reubicación de los trabajadores, los cuales se instalarán en distintos edificios de la Diputación.
Tras la puesta en marcha del nuevo organigrama, el presidente ha explicado que los empleados del área de Medio Ambiente (enmarcados dentro de Desarrollo Local) se instalarán en el antiguo Hospital Psiquiátrico, quedando libre la segunda planta de la sede de Fernando el Católico, donde irán los trabajadores del Patronato.
Los empleados del área de Consumo se trasladarán a la sede de Gran Vía junto a Asesoría Jurídica, mientras que el área de Cultura, Cooperación Internacional y Juventud se ubicarán en el Estadio Iberoamericano, donde ya se encuentran los empleados del departamento de Deporte.
Caraballo, que ha dejado claro que hace tres años el equipo de Gobierno de entonces "respaldó" la decisión de alquilar el edificio del Hotel París al objeto de "dar un sitio de trabajo digno a los empleados y hacer del mismo una referencia cultural", ha precisado que la situación económica de hace tres años es diferente a la actual y por "responsabilidad" apuesta por el cierre de esta céntrica sede, como también se ha abordado en los primeros plenos de esta legislatura.
En este sentido, el presidente ha indicado que tras tratar este asunto con la comisión, se pondrá en contacto con los propietarios del edificio para intentar lograr un entendimiento. En el caso de no lograr un acuerdo, la Diputación, como recoge el informe jurídico realizado, tendría que indemnizar a los dueños con 252.000 euros por culminar el contrato antes de los primeros cinco años.
Además, Caraballo ha subrayado que la Diputación aboga por "seguir siendo una referencia cultural" por lo que en la sede de Gran Vía cuentan con una sala de unos 300 metros cuadrados, para la cual se ha encargado un proyecto con el objetivo de que sea un espacio para el disfrute cultural. Mientras se habilita esta zona, la institución provincial podría hacer uso de otros espacios, como la sala de exposiciones de Cajasol o bien el Colegio de Aparejadores. Esta medida, como ha indicado, supondría "concentrar un mayor contenido en el Palacio Provincial y abaratar costes".
Ha matizado que el primer informe jurídico realizado apuntaba que la Diputación podía rescindir sin el pago de indemnización transcurridos los primeros cinco años de contrato, pero el segundo informe determina, con jurisprudencia en este sentido, que el contrato puede concluirse con el pago de una indemnización a los titulares.
Ante esto, ha subrayado que con esta medida la Diputación "mejorará los servicios que se prestan a los ayuntamientos, y en ningún caso llevará pareja "una pérdida de puestos de trabajo".
"Tomamos la decisión no obligados por la situación económica, porque se paga a los proveedores y contamos con un remanente de tesorería positivo, sino por responsabilidad y mejorando los servicios", según ha enfatizado el presidente de la Diputación, que ha destacado la gestión de su antecesora en el cargo, Petronila Guerrero.
