La legitimidad de las urnas

Han bajado revueltas las aguas políticas durante esta semana. Para cualquier persona sensata, el anuncio de la presentación de una moción de censura del PP contra el gobierno de Juan Carlos Benavides, constituyó una tremenda sorpresa.         Tanto en la forma, sin consensos y con nocturnidad, como en el fondo: la excusa se basa en la difícil coyuntura económica del ayuntamiento. ¿Olvidan de dónde arranca el problema? ¿Olvidan la defensa institucional de un concejal del PP represaliado por la Diputación (Paco Ledesma) y la sesgada actuación de los socialistas y sus zancadillas para la normalización del servicio de recaudación municipal?
    Solemos dar por sentado que los representantes políticos son personas serias. Que saben la posición que ocupan. Que entienden las reglas del juego democrático. Que disciernen cuáles son las afinidades ideológicas y los proyectos de futuro compartidos. Incluso da uno por sobreentendido que conocen los límites que no deben ser transgredidos.

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    Pues bien, he de reconocerles que todo este planteamiento se me ha ido al traste con la actitud exhibida por los dirigentes del PP de Almuñécar. El ridículo clamoroso ante la escenificación del esperpento de moción de censura, hasta su conclusión con la negativa a secundarla del PSOE, ha degradado y degenerado, hasta límites insospechados, su credibilidad y solvencia política y democrática. Tanto en clave endógena como hacia el resto de partidos y de nuestra sociedad.

    Porque la lógica democrática es ser coherente con los principios que sustentan el sistema. Debe gobernar el partido que gana las elecciones, el que los ciudadanos conceden la mayoría de los votos. Algo que su partido ha reclamado incesantemente; claro, en otros lugares. Pretenden ningunear el resultado de las municipales.
    La contundente victoria de Convergencia Andaluza, con 10 concejales y al borde de la mayoría absoluta, resta cualquier legitimidad al intento de buscar atajos para lucros o medros personales.

    Máxime cuando existía un pacto de gobierno entre CA y PP en la Mancomunidad, que implicaba puntos de encuentro y gobernabilidad en los temas importantes de Almuñécar. Hace sólo cuatro meses que se renovó dicho pacto, con Sebastián Pérez de garante, que otorgó la presidencia de la Mancomunidad a Carlos Rojas. Nada ha justificado su ruptura.

    No son de fiar las personas que incumplen, sin justificación aparente, su palabra, sus compromisos o sus pactos. Sobre todo si se deriva en buscar un matrimonio antinatural con el concejal comunista que, como al parecer ha evidenciado, parecía dispuesto a pactar hasta con la reencarnación del dictador del Alcázar de Toledo, con tal de que se archiven sus expedientes de disciplina urbanística. O con un PSOE que es su enemigo o adversario político en todas partes.

    Resulta paradójico que el atisbo de cordura se haya encontrado en los dirigentes provinciales socialistas. ¡Quién me lo iba a decir a mí! Tener que denunciar desde esta columna las ansias de poder, a cualquier precio, de los dirigentes del PP.         Constatar que pisotean la voluntad de la inmensa mayoría de los ciudadanos, para copiar comportamientos que pensaba exclusivos del régimen clientelar socialista. Tener que escuchar que los socialistas han dicho que no respaldan la moción, entre otras cosas, porque no se fían de los populares. Tener que pensar que buscan atajos indecentes, que no respetan la voluntad de las urnas, la legitimidad que otorga haber ganado las elecciones.

    Pero ya se sabe, si una fuerza política no es creíble, ni fiable, ni inspira confianza, acaba pagándolo en las urnas. Ha sembrado la incertidumbre hasta en su electorado más fiel.