La jueza deja en libertad con cargos y sin fianza a los cajeros municipales

Pasadas las dos y media de la tarde salían del juzgado los abogados de los dos detenidos y anunciaban a los familiares que ambos quedaban en libertad con cargos y sin fianza. Los letrados anuncian que está en estudio demandar al Ayuntamiento por el daño moral que se le haya podido hacer a sus defendidos y presentarse como acusación particular para que se aclare la situación de las arcas municipales. En los interrogatorios ante la jueza no queda claro que esas dos personas puedan apropiarse de tanto dinero en tan poco tiempo, insisten en que no son los únicos que tienen llaves y en que hay un desfase contable de unos siete millones de euros, "aunque eso es muy difícil de demostrar", dijo el abogado de Clemente, quien no tuvo reparos en asegurar que ambos "han sido escogidos como cabezas de turco". A las 10.45 horas han llegado en sendos coches camuflados de la Policía Nacional los dos detenidos por el presunto delito de malversación de fondos públicos en el Ayuntamiento de San Fernando. Pocos momentos antes lo hacían sus abogados aunque durante toda la mañana se ha ido incorporando al Palacio de Justicia todo el personal que entiende el caso, después de que casi se agotara el plazo de detención sin habar pasado a disposición judicial. En estos precisos momentos han comenzado a declarar ante la titular del Juzgado.

La Policía Nacional registró entre las dos y media y las cinco de la tarde de ayer el domicilio de C.R.G., el auxiliar administrativo encargado de la Caja del Ayuntamiento detenido por un presunto delito de malversación de fondos públicos cuya cuantía se eleva en un principio a más de 468.000 euros. 

Se trataba de recabar más pruebas antes de pasar a disposición judicial, al parecer por la hasta ahora escasa consistencia de las acusaciones formuladas contra los funcionarios por el Ayuntamiento. Tras el registro no se ha encontrado nada en la casa que suponga una prueba contra el imputado. 

También se procedió al registro de la inmobiliaria Nora, ubicada en la calle San Marcos, propiedad del cajero acusado, también con resultado negativo en cuanto al dinero. Lo que sí se ha llevado la Policía es numerosa documentación de ambos registros que será estudiada ahora por si constituyeran pruebas de cargo. 

El registro de la vivienda de su compañera de trabajo, M. J. L. de C., tuvo lugar el jueves con permiso de la acusada, mientras que en este caso fue por orden judicial. Tras el registro de la casa que habita el acusado y antes de entrar en el coche policial, dijo que “me esta gustando a mí esto de ser famoso”, lo que llegó hasta los fotógrafos que cubrían la escena. 

El paso al juzgado de los dos acusados estaba previsto para la mañana de ayer, pero han prestado de nuevo declaración una vez que ya no están asistidos por un abogado de oficio sino por sendos letrados privados. Y de esa declaración, según lo que ha podido conocer este periódico, se deduce, en primer lugar, que los dos cajeros no eran los únicos que tenían acceso a las llaves.

Cuántas llaves
De hecho, según la declaración de la funcionaria, había dos llaves, una que tenían los cajeros y otra que se dejaba entre los archivadores y cuya existencia era conocida por otros funcionarios. Sin embargo, también se especula con que había tres llaves, una en poder de cada uno de los cajeros y una tercera que estaba guardada en un sobre. La tesorera, además, declaró que no tiene llave de la Caja. 

Todo depende de quién haga la declaración, según fuentes de la investigación y mientras los acusados aseguran que eran muchas las personas que tenían acceso a la Caja, el resto de los declarantes aseguran que sólo los cajeros están autorizados a ello. 

Hay que aclarar que para llegar a la Caja hay que atravesar dos puertas desde las oficinas generales, una para entrar a Tesorería, donde se encuentra también el despacho de la tesorera y otra para entrar directamenta a la Caja, algo que sólo está permitido a las personas encargadas de su custodia. 

Otro aspecto que ha quedado de manifiesto en las declaraciones de la cajera -el cajero seguía ayer sin declarar ante la Policía- es que puede haber fallos en el programa informático de Economía y Hacienda, en el que consta, desde hace tiempo, que en la Caja hay más dinero que el que existe en realidad, cuando según el informe del interventor y de la tesorera que ha servido de base a la denuncia, en la Caja sólo había 19.475 euros.

Aspectos claves
Es precisamente en esos dos aspectos en lo que parecen estar centradas las investigaciones de la Policía. Primero en la cantidad y calidad de las personas que tienen acceso a la Caja de forma directa o indirecta y segundo en si los sistemas de control del dinero funcionan correctamente. O sea, si realmente en el Ayuntamiento funciona todo de acuerdo a como mandan las normativas. 

Lo que sí es seguro es que se van a apurar casi al máximo las 72 horas desde la detención, una vez que ayer por la tarde se volvía a descartar que ambos detenidos pasaran a disposición judicial. 

Las prisas han podido perjudicar la investigación
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Fernando López Gil, mostró su apoyo a los funcionarios municipales ya que “pensamos que la presunción de inocencia es uno de los derechos más importantes que asiste a cualquier ciudadano y, por tanto, nos mostramos contrario a la celebración de cualquier juicio paralelo”. 

Aunque el líder socialista conoció la noticia a través del alcalde, no comparte el “apresuramiento” con el que se transmitió a la opinión pública, con la emisión de un comunicado de prensa apenas unas horas después de haber puesto el asunto en manos de la justicia. “Creemos que debería haberse consultado a los expertos en asuntos de esta índole antes de dar ese paso, puesto que tanta urgencia puede haber perjudicado el proceso de la investigación”. 

López Gil se mostró “muy preocupado”, por la imagen de “descontrol” en las cuentas públicas que se esta transmitiendo, máxime cuando desde hace meses los socialistas vienen demandando la realización de una auditoría de las cuentas del Ayuntamiento y de sus órganos autónomos. “Se nos dijo entonces por parte del equipo de gobierno municipal que no hacía falta, ahora se demuestra lo necesaria que era esa auditoría”. 

El PSOE recuerda que hace menos de un mes denunció deficiencias contables existentes en el servicio público de mantenimiento del alcantarillado, lo que llevó a que el propio interventor reconociera la existencia de varios errores, caso de la duplicidad en el desembolso de una factura o el pago a un CIF distinto al de la UTE que tiene adjudicado ese servicio. 

"Por el bien de la ciudad de San Fernando, de sus trabajadores municipales y del propio Ayuntamiento reclamamos más transparencia y mayor control y, por supuesto, que se llegue con todas las consecuencias al final de la investigación", manifestó. También aseguró que tras escuchar las declaraciones públicas efectuadas por el alcalde, “daba la impresión de que quisiera cerrar este asunto lo antes posible, adjudicar toda la culpa a estas dos personas, como si se trataba de un asunto 'puntual'. 

El líder socialista aclaraba que es “consciente de la existencia de una investigación judicial que sigue su curso, pero creemos que también el Ayuntamiento debe realizar ya su propia investigación”.

La Cámara de Cuentas
López Gil aseguró ayer que "fue la acción que está desarrollando la Cámara de Cuentas en el Ayuntamiento la que alertó sobre una deficiencia contable ya que no coincidía lo que se decía que estaba depositado en la caja municipal con lo que realmente había". Por tanto "desconocemos los motivos que llevan al alcalde Manuel Mª de Bernardo a desmentir la autoría de este órgano de control económico en la detección de este grave suceso". 

Si bien es cierto que es el propio interventor municipal fue el encargado de realizar el informe sobre el hecho en sí, “éste se basa en los indicios detectados por la Cámara de Cuentas tal y como se nos ha hecho llegar tras requerir información al citado organismo". 

López Gil también manifestó que el caso descubierto el pasado miércoles "era lo que le faltaba a San Fernando, con una situación de crisis socioeconómica, de inestabilidad política, con un Ayuntamiento con problemas de gestión, ya lo que nos hacía falta era un suceso de la magnitud del denunciado".