El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte considera que el anuncio de Google de eliminar el servicio que presta en España a través de Google News "responde a una decisión empresarial" y ha afirmado que "el acceso a la información en Internet continúa garantizado", según ha indicado este jueves en un comunicado.
El departamento dirigido por José Ignacio Wert ha destacado que se puede acceder a la información "bien directamente en las webs de los medios de comunicación o como resultado de la indexación de la noticia por motores de búsqueda y en los demás agregadores de contenidos informativos".
Tal y como ha subrayado, los usuarios o las redes sociales están exentos de pago alguno por hacer uso de estos servicios de contenidos informativos o por acceder a ellos a través de enlaces. "La Ley de Propiedad Intelectual en nada obstaculiza la libertad de información, siempre dentro del respeto y protección a los derechos de propiedad intelectual de los autores".
Asimismo, ha añadido que comenzará próximamente el desarrollo reglamentario de la Ley y lo someterá al trámite de información pública en el que "todas las partes interesadas podrán transmitir de nuevo sus aportaciones".
La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que entrará en vigor a partir de enero, incluye una compensación económica para editores de noticias por la explotación de sus contenidos en el ámbito de los agregadores de noticias en Internet, una medida que ha creado controversia durante su tramitación parlamentaria y que no ha encontrado consenso entre las asociaciones.
A favor de la tasa se ha posicionado la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), que asevera que "el reconocimiento de los derechos que amparan a los editores sobre los contenidos que elaboran sus medios resulta hoy esencial".
En contra se han manifestado asociaciones como la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) han reiterado su defensa del "derecho a decidir del empresario", así como la Plataforma por los Derechos de Autor de los Periodistas, que reclamó la inclusión de periodistas y fotorreporteros como titulares de los derechos a percibir una remuneración.
