El Tribunal de Cuentas ve "escasa racionalidad" en inversiones de FEVE y pide liquidar contratos inflados

Publicado: 05/08/2015
El Tribunal de Cuentas ve "escasa racionalidad" en algunas de las inversiones planificadas por la empresa pública Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) entre 2005 y 2012, y advierte de que en algunos contratos y convenios se pagaron cantidades infladas
El Tribunal de Cuentas ve "escasa racionalidad" en algunas de las inversiones planificadas por la empresa pública Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) entre 2005 y 2012, y advierte de que en algunos contratos y convenios se pagaron cantidades infladas y se asumieron algunos gastos de forma no justificada.

   Así consta en el 'Informe de Fiscalización de las principales inversiones efectuadas por FEVE en el periodo 2005-2012' --que ascendieron a 758 millones de euros--, publicado por el organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda y que recoge Europa Press.

   Dicho documento reconoce un alto nivel de ejecución presupuestario en la empresa durante los ocho años fiscalizados aunque advierte de que considerando "de modo individual" cada ejercicio se observa un nivel de ejecución de inversiones "más altas que las reales".

CONTABILIZADOS CON ANTELACIÓN

   Esto es así porque en algunos ejercicios se registraron como inversiones ejecutadas "anticipos otorgados a los contratistas a cuenta de obra futura, en ocasiones aún no ejecutada", y también se facturaron inversiones en su totalidad antes de finalizar el ejercicio y antes de recibir provisionalmente los bienes, "imputándose así en un ejercicio anterior al de su finalización".

    Además, las "alteraciones sustanciales" sufridas por algunos proyectos y que "en ocasiones están aparentemente ligadas a cambios en los gestores" de la empresa ponen de manifiesto, a juicio del Tribunal, "una escasa racionalidad en las decisiones de inversión" así como "defectos" en la planificación y en el seguimiento de la ejecución.

   En particular, esta situación se ha dado en proyectos como el de la construcción de un trazado para unir la red con una fábrica de Navia (Asturias), aún no finalizado y que "plantea dudas sobre la financiación y el uso definitivo de la inversión"; en la modernización de la estación de San Feliz de Torio y en el proyecto del tranvía de León.

CONTRATOS LIQUIDADOS

   Sobre este último proyecto, el organismo fiscalizador señala varias irregularidades en la facturación y recuerda que dos contratos de nuevos tramos fueron finalmente resueltos y liquidados tras decidirse su no ejecución, lo que originó pérdidas al Ayuntamiento de la ciudad.

   Además, el Ministerio de Fomento ha declarado nulos hasta cinco contratos formalizados por FEVE entre mayo de 2010 y diciembre de 2011 por 53,53 millones de euros para adquirir tranvías y repuestos, al considerar que vulneraron los principios de publicidad y transparencia, si bien el pasado mes de mayo la Audiencia Nacional anuló dichas resoluciones ministeriales. Si finalmente se liquidaran los contratos podría costar casi 43,8 millones de euros a los leoneses.

   Al margen del tranvía de León, otros expedientes de FEVE también son puestos en tela de juicio por el Tribunal de Cuentas, que señala por ejemplo que dos contratos para comprar material para trenes de mercancías se han visto afectados por incidencias relacionadas con la solvencia técnica o económica del adjudicatario, "habiéndose constatado que la acreditación de ambos aspectos presentó deficiencias en la fase de adjudicación" y que, por tanto, podían haber sido previstas y evitadas.

   Es más, en la liquidación del contrato para la construcción de un centro de formación en Oviedo FEVE asumió de forma "no justificada" algunos gastos de administración y también ha pagado "precios superiores al del mercado" por varios edificios que fueron tasados por arquitectos que "no eran independientes" o partiendo de datos cuyas referencias "no se especifican".

   Por eso, el Tribunal de Cuentas recomienda a Adif y Renfe Operadora --que desde 2012 asumieron las funciones de FEVE, que fue extinguida-- que liquiden o resuelven estos contratos o convenios negociando con las partes y evitando la vía jurisdiccional. Igualmente, sugieren la necesidad de que la selección y planificación de las inversiones estén sustentadas en "estudios solventes" para evitar "inversiones altamente deficitarias" económicamente y con "poco impacto en la mejora del servicio" a los ciudadanos.

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