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El Gobierno aprueba en solitario dar un sueldo a los consejeros delegados

La oposición rechaza las cuentas y duda sobre el patrimonio real de las empresas

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  • Cayetano Gómez.
  • Cobrarán 12.000 euros anuales para ?compensar? su trabajo
Los consejeros delegados de las cuatro empresas municipales percibirán un sueldo anual de 12.000 euros después de que lo aprobase en solitario el equipo de Gobierno, ya que la medida fue rechazada de plano por los grupos de la oposición, que ven una contradicción los argumentos esgrimidos de austeridad en los gastos con la creación de unas mensualidades que hasta ahora no gozaban los responsables de Impulsa, Suvipuerto, El Puerto Global y Apemsa. El punto referido al consejero delegado de esta empresa se quedó sobre la mesa porque faltaba documentación.
El portavoz andalucista, Antonio Jesús Ruiz, argumentaba tras la junta que el consejero delegado tiene ahora una mayor dedicación que cuando se pusieron en marcha las empresas y lo que se intenta con este sueldo es “compensar las horas que la persona dedica al cumplimiento de sus funciones y obligaciones y que van en detrimento de su jornada laboral”.
Es una opinión que no comparte Pepa Conde, portavoz de IU, quien insiste en que son cargos de confianza libremente elegidos por el Gobierno municipal y que no deben cobrar unas mensualidades al margen de las dietas que perciben por reuniones, sobre todo en tiempo de crisis. En este punto recriminó que el Gobierno local haya hecho uso, una vez más, de su rodillo sin tener en cuenta a la oposición.
Joaquín Corredera (PSOE) criticó la implantación de esta nueva retribución, por la crisis económica que se sufre, y porque los consejeros delegados realizan sus funciones “voluntariamente”. Recriminó al PP que practique lo contrario que dice, ya que recordó que el alcalde, Enrique Moresco, criticó los elevados sueldos de los anteriores gerentes cuando los cesó de sus cargos, y ahora impone unos nuevos sueldos. Para Silvia Gómez (IP) se dará unas retribuciones a cargos de confianza cuando nunca antes se había previsto para las empresas, por lo que su partido también se opuso.
Aunque éste fue uno de los temás más controvertidos en el debate de las juntas generales, tampoco las cuentas de las empresas dejaron indiferente a la oposición, sobre todo en lo referente al patrimonio de Impulsa y Suvipuerto, que tanto PSOE como IU consideran que no son reales. Hasta los auditores que han participado en los informes intervinieron en una sesión en la que el gerente de Impulsa, Cayetano Gómez, certificó el buen estado de salud de esta sociedad, que tiene liquidez para invertir en sus proyectos.
Estas afirmaciones fueron resaltadas por IP y PSOE, ya que los beneficios de Impulsa evidencian que sus anteriores gestores no realizaron mal su trabajo, echando por tierra los argumentos esgrimidos por el Gobierno local cuando los cesó de sus cargos. Y es que, añadieron, si el Tribunal de Cuentas ha decidido archivar todas las irregularidades detectadas, también los ex gerentes están reclamando indemnizaciones al Ayuntamiento por su despido improcedente, lo que supondrá un desembolso importante de dinero.
Moresco también reconocía que Impulsa en sus 15 años de vida ha crecido patrimonialmente, destacando que cerró 2008 con un beneficio de 4,9 millones. Aún así hizo un comentario alusivo al anterior consejero delegado Pedro Pablo Lamadrid poniendo en duda su trabajo, por lo que IP solicitó el acta para tomar las medidas oportunas, ya que el alcalde no rectificó sus insinuaciones.

Apemsa y el puerto global
Corredera se preguntó tras la junta cuál será el futuro de El Puerto Global, ya que la sesión aprobó las cuentas de la antigua Serecop, con el rechazo de PSOE e IU, que no está a favor de una empresa cuyo objeto social sólo será “el autobombo” y, por tanto, sus gastos no irán destinados al fin general.
En cuanto a Apemsa, Julio Acale (IU) recriminó al Gobierno local que no se hayan facilitado los valores absolutos de la depuradora de Las Galeras ni a los contribuyentes en las facturas ni a los grupos municipales, a pesar del compromiso existente. Esto le obligó a recoger los datos a través de la misma Junta de Andalucía, que destaca en su informe de 2008 que de 23 muestras tomadas no cumple con 17 parámetros.

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