La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha defendido una contratación pública "más ágil y transparente", que se convierta en una "herramienta poderosa" para consolidar un tejido empresarial sostenible y favorecer el desarrollo de las pymes.
Así se ha manifestado durante la inauguración en Sevilla de unas jornadas sobre el nuevo marco normativo de contratación pública, organizadas por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía y el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), donde ha avanzado las líneas de trabajo que está desarrollando su departamento "para su transformación y adaptación a los nuevos desafíos" en esta materia.
Montero ha subrayado que la contratación pública no debe ser considerada como "un simple instrumento de la gestión de los recursos públicos", sino que debe potenciarse su "capacidad estratégica" para provocar cambios y transformaciones en la economía, la política, la tecnología y la sociedad. En este sentido, ha recordado que la Junta de Andalucía realiza cada año más de 70.000 contratos por un valor superior a los 2.500 millones de euros, de ahí que la administración pública sea una "poderosa herramienta para empezar esa transformación".
Durante su intervención, la consejera también se ha referido a la necesidad de que la contratación pública se afiance como una "pilar básico de la transparencia y la rendición de cuentas" de los poderes públicos. En esta línea, ha presentado el nuevo Portal de Contratación de la Junta que reúne toda la información sobre normativa, licitadores, anuncios y expedientes completos, en tiempo real, de todos los contratos suscritos por la Junta de Andalucía y sus organismos. "Todos los datos reunidos y accesibles en un punto de encuentro virtual para las empresas y la administración pública, donde los ciudadanos pueden asomarse para consultar los contratos de la Junta", ha subrayado.
Según ha explicado, el nuevo Portal muestra información sobre la gestión de la contratación pública, el registro de contratos, los perfiles de contratante, las licitaciones abiertas, los expedientes completos de cada contrato, los sistemas de contratación centralizada o los recursos interpuestos en este ámbito, así como las resoluciones del Tribunal administrativo de recursos contractuales.
CLAÚSULAS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES
Uno de los ámbitos destacados en esta nueva plataforma es el relativo a las claúsulas sociales y medioambientales que serán valoradas en los contratos que formaliza la Junta, con el fin de garantizar mejores condiciones de trabajo, la protección del medio ambiente, el uso eficiente de los recursos públicos, la lucha contra las desigualdades o la promoción de la innovación. Montero ha destacado que se trata de una apuesta de la administración andaluza que contribuye a crear "una economía generadora de valor, promocionando y consolidando un tejido empresarial sostenible y comprometido con la inserción laboral de las personas con más dificultades de acceso al empleo".
Montero ha reiterado su apoyo a los sectores estratégicos a través de la contratación pública para impulsar la participación de las pymes, la economía social, los emprendedores y autónomos que actualmente tienen "casi imposible" resultar adjudicatarios directos en las licitaciones de la Junta, si bien son los que ejecutan obras, prestan servicios o proveen bienes a la administración, a través de subcontrataciones. Del mismo modo, ha apostado por la innovación como motor de desarrollo económico y social, impulsando la consolidación y competitividad de las empresas suministradoras.
La consejera ha apuntado a la licitación electrónica como uno de los retos de la contratación pública, ya que no solo supone un cambio técnico sino también una transformación cultural de la propia administración, más allá del ahorro en los costes, que la Comisión Europea cifra entre el cinco por ciento y el 20 por ciento. Según ha señalado, la contratación electrónica simplifica el acceso a la información, multiplica la transparencia de los procedimientos, aumenta la concurrencia, reduce los precios y disminuye la litigiosidad.
