Pozos ilegales como el de Totalán (Málaga) en el que cayó Julen hay miles en Andalucía, y su control administrativo es complejo porque se divide entre las administraciones autonómicas y central, con intervención de la Fiscalía cuando se comete un delito.
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que abarca casi toda Andalucía, tiene contabilizados en los últimos dos años 943 expedientes administrativos por prospecciones ilegales de agua subterránea.
Esta administración, que depende directamente del Estado, no tiene contabilizados los pozos sin agua porque no son de su competencia, según ha precisado a Efe un portavoz de la Delegación del Gobierno en Andalucía.
Estas prospecciones sin agua son competencia de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, un organismo de la Junta de Andalucía que no dispone de un registro andaluz de todos los pozos y que los contabiliza cada una de las ocho provincias de la comunidad.
Una fuente de la nueva Consejería de Hacienda, Industria y Energía del Gobierno andaluz, que tiene las competencias de estos pozos, ha indicado a Efe que, en cualquier caso, se trata de miles de estas obras subterráneas.
Fuentes de la Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla, por su parte, lamentan que existan infinidad de pozos ilegales no autorizados, que cuando son precintados se vuelven a abrir porque los sellos no son eficaces.
La Fiscalía también añade que una perforación no tiene repercusión penal y solo conlleva una infracción administrativa y una multa, que además tarda en pagarse o no se paga nunca.
La intervención de la Fiscalía de Medio Ambiente se produce cuando la extracción de agua es masiva, se hace en una zona protegida por su valor ambiental o afecta a un acuífero importante, lo que, por ejemplo, en Sevilla ocurre con dos casos.
Uno de ellos, pendiente de enjuiciarse, afecta a un acuífero del entorno del Parque Nacional de Doñana y por duplicar la extracción de agua permitida, y la Fiscalía pide entre cuatro años y seis meses de prisión para cinco dueños de una finca y el pago al Estado 1,9 millones de euros como responsabilidad civil.
El fiscal considera que entre el 2008 y el 2013 -y pese a tener hasta trece expedientes administrativos abiertos entre 1997 y el 2007 por extraer más agua de la asignada para el riego- los copropietarios de la finca Hato Blanco Viejo duplicaban todos los años los 3.481.600 metros cúbicos de agua que tenían concedidos
