Tras siete años de litigio, las partes enfrentadas han conseguido aparcar sus diferencias y adquirir un compromiso verbal, que ahora deberá plasmarse en el papel. Un pacto de suma importancia para la ciudad, ya que permitirá completar la última gran operación de viviendas (más de 300) proyectada en Cádiz.
Según ha sabido este periódico, los abogados de Talleres Ferrocarril y Pinares del Sur estarían en estos momentos concretando algunos flecos que aún quedan pendientes como, por ejemplo, el plazo del que dispondrá el comercio para salir del número 58 de la avenida de Portugal, donde ha permanecido cuatro décadas. Por lo pronto, todo apunta a que la mudanza tardará todavía entre cuatro y seis meses.
De este modo, concluye un conflicto que hunde sus raíces en 2003, cuando el dueño del taller, Francisco Ramírez, se negó a abandonar las instalaciones donde desarrollaba su labor, infringiendo el acuerdo suscrito meses antes con la inmobiliaria. Según este documento, el empresario renunciaba a los derechos arrendaticios que ostentaba sobre las dependencias de Abarzuza a cambio de una nave en Zona Franca, que Pinares del Sur le construyó gratuitamente.
Sin embargo, el traslado nunca se llevó a efecto ante las sospechas de Ramírez de que los trabajos ejecutados en la calle Jimena de la Frontera incumplían la normativa urbanística. Unas conjeturas que, más tarde, los tribunales se encargarían de confirmar a través de varias sentencias.
Legalizar el edificio
Tras las sucesivas resoluciones a favor de Talleres Ferrocarril, la situación se tornó en bloqueo. Alentado por sus victorias en los juzgados, el responsable del establecimiento exigió a la promotora compensaciones por los “daños morales y económicos” provocados. Perjuicios que, por otro lado, continúan a causa de las obras y el aislamiento --a través de vallas-- al que se encuentra sometido el negocio. En este tiempo se emprendieron también conversaciones que no fructificaron. El Ayuntamiento, por su parte, anunció su mediación y, después de la primera reunión, arrojó la toalla.
Así hasta hoy, cuando los dos litigantes han terminado cediendo a sus pretensiones iniciales. La solución finalmente adoptada obliga a Pinares del Sur a legalizar el inmueble de Zona Franca. Y eso pasa, al parecer, por otorgarle a Ramírez una parcela anexa de unos 500 metros cuadrados adicionales. Pero éste, a su vez, renunciará a cobrar indemnización alguna, a pesar de los quebraderos de cabeza que este problema le ha ocasionado sin, aparentemente, haberlos buscado .
Vía libre total a la mayor promoción que quedaba pendiente
La resolución de este conflicto era el último escollo que hasta la fecha impedía la ejecución completa de la mayor promoción pendiente de acometerse en la capital gaditana. En total son 213 viviendas de renta libre las que Pinares del Sur levantará en el solar que hasta ahora ocupaba parcialmente Talleres Ferrocarril. Y a ellas se sumarán, además, otro centenar de protección oficial, que más adelante llevará a cabo la empresa municipal de Procasa.
Ante la falta de acuerdo con su dueño, la promotora optó por iniciar las obras de dos bloques -de los cinco que conforman esta actuación- en abril del año pasado. Esta decisión trajo consigo más molestias para Francisco Ramírez, a quien no le ha quedado más remedio que convivir desde entonces con el polvo y el ruido generado por los camiones y maquinaria de Corsan Corviam.
Este tema fue objeto de otra demanda a cargo de la firma de reparación de vehículos, si bien en esta ocasión el dictamen del juez benefició a Pinares del Sur. La sentencia emitida no instaba a parar la actividad en la zona, como pedía la parte denunciante. Eso sí, obligaba a la constructora a no obstaculizar el paso de automóviles y personas al negocio de chapa y pintura. Una prohibición que, según el representante de Talleres Ferrocarril, no se ha respetado del todo a lo largo de estos meses.
