El plan de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 12 de marzo para hacer frente a las consecuencias económicas de la crisis sanitaria ha resultado un fracaso sin paliativos, tal y como auguraron las organizaciones sectoriales.
Pese a contar con una dotación de 7.000 millones de euros y ofrecer jugosas cuantías a los interesados con entre 4.000 y 200.000 euros, apenas ha sumado peticiones por parte del 12% de los trabajadores por cuenta propia en el conjunto de España.
“En Andalucía, a una semana de terminar el plazo para presentar las solicitudes, se contaban en torno a unas 30.000”, asegura el secretario general de la Federación Nacional Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y portavoz autonómico de la organización, José Luis Perea. “Ni siquiera vamos a llegar al 10% del total de medio millón de autónomos que hay en nuestra región”, advierte en conversación telefónica este miércoles. Este jueves, el BOJA publicó una prórroga del plazo hasta el 15 de septiembre para evitar el fiasco.
Pero los duros requisitos para acceder a los fondos han levantado un muro burocrático infranqueable. “Hay que subrayar que no se trata de ayudas directas -explica-, sino que la convocatoria se rige por la ley de subvenciones”. De manera que el decreto exige justificar documentalmente todos los pagos que haga cada beneficiario con el montante recibido, pero, por otra parte, el Gobierno solo atenderá a las empresas que tengan facturas pendientes desde marzo de 2020 hasta el 31 de mayo de este año, lo que supone en la práctica el principal escollo para obtener dinero público, según Perea.
“Los autónomos han ido abonando las deudas con los proveedores y los suministros de luz, agua y electricidad durante las restricciones para poder mantener la actividad o reabrir”, por lo que el Gobierno “premia a los que son malos pagadores” con este plan de viabilidad, lamenta.
“A estas ayudas no tenemos acceso la mayoría”, apunta Daniel Orego, uno de los portavoces del movimiento denominado Rebelión de las Tijeras Rotas, y organizador de las movilizaciones del sector de la estética y peluquerías en defensa de la rebaja del IVA al 10% para su actividad. Precisamente, el Gobierno excluyó a estos establecimientos de las bases aprobadas inicialmente, mientras que las casas de apuestas estaban en el listado. Posteriormente la Junta amplió las actividades, pero la Administración autonómica no ha podido flexibilizar los requisitos.
Aún así, el responsable de ATA en Andalucía adelanta que el Gobierno de Juanma Moreno actúa con diligencia y comenzará a pagar las solicitudes aceptadas justo al término del plazo de presentación, a primeros de agosto. Orego también agradece a la Junta que haya sido la única institución pública que ha dispuesto recursos a fondo perdido, con la subvención de 1.000 euros. Pero ambos coinciden en que es insuficiente.
“En Alemania, de cada 100 euros de pérdida que ha tenido un autónomo, el Gobierno le ha ayudado con 75. Esto es prácticamente lo que ha pasado en Francia o Italia, donde se cubre hasta el 50% de las pérdidas. En España, no se llega 20%”, denuncia Perea.
El portavoz del sector de la estética y peluquería sostiene que lo habitual ha sido solicitar la prestación extraordinaria de cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia, denominada Poecata, para los autónomos que tengan cotizados más de doce meses por cese de actividad, y que no hayan consumido todo el periodo de percepción que les correspondía atendiendo a dicha cotización en anteriores prestaciones de cese de actividad compatibles con el trabajo por cuenta propia pero condicionada a no haber obtenido entre enero y junio unos rendimientos netos computables fiscalmente superiores a 7.980 euros.
