Un grupo de unos cincuenta vecinos de la barriada rural de El Charcón ha alzado la voz por su temor a perder el suministro de agua potable en verano como consecuencia, fundamentalmente, de las obras ilegales acometidas por un vecino que ha realizado una prospección ilegal afectando al pozo que tradicionalmente ha abastecido a la zona, también incluso como abrevadero para animales al encontrarse en una vía pecuaria.
Como medida provisional, el Ayuntamiento ha instalado una tubería desde la red general para garantizar el suministro a los vecinos, pero éstos temen a que “cuando lleguen los ilegales en verano” se queden sin agua, en alusión a las numerosas segundas viviendas ilegales que tanto abundan en esta zona rural de Arcos.
Los afectados aseguran haber puesto en conocimiento del Seprona (Guardia Civil), de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento esta situación, pero que a día de hoy no han tenido una respuesta satisfactoria.
En nombre de los vecinos, Margarita García Valiente, suma que en verano la zona es “un hervidero de gente a por agua”, y demanda que los vecinos tengan este bien en sus viviendas porque, aseguran, pagan sus impuestos. Por lo pronto, esperan que se restituya el pozo público de la zona y que en este sentido se aperciba al particular que ha realizado cerca un sondeo ilegal que habría dejado el pozo literalmente seco. Esta vecina asegura que su vivienda es legal y que, como tal, merece recibir los mismos servicios que el resto de vecinos de Arcos.
En la parte política, desde Ai-Pro señalan que no se ha dado una explicación y una respuesta a los vecinos. Por lo pronto, el partido opositor se ha comprometido a trasladar al Pleno municipal esta problemática, como también se ha comprometido a dirigirse al Seprona porque la raíz del problema estaría en una actuación ilegal de un particular. Así lo explica el concejal Leopoldo Pérez, que señala que las demandas de los vecinos son justas.
A todo ello, el también concejal del partido, Manuel Erdozain, va más allá y recuerda que dentro de los compromisos de la empresa concesionaria del servicio de aguas estaba actuar de forma prioritaria en las zonas rurales del término municipal. Así, señala, se contemplaba en el contrato de adjudicación del servicio a Aqualia.
Erdozain suma que la situación no es nueva, sino que arrastra años, para criticar en este sentido que a día de hoy no se ha cogido el toro por los cuernos para regularizar en la zona en torno a 600 viviendas, después que estas fueran censadas desde su etapa de gobierno. Así, cree que la mayoría de casos pueden ser legalizados con el consiguiente impacto económico en el Ayuntamiento vía ingreso de impuestos. No obstante, recuerda que la tubería que suministra la zona fue ampliada en su día, pero que, a falta de un sistema de bombeo, el agua no llega a las zonas más elevadas por una cuestión de gravedad. El concejal de Ai-Pro recuerda la demora en la entrada en servicio del nuevo depósito de la Cuesta de la Escalera que teóricamente abastecerá a las zonas rurales de Arcos. Por ello, se cuestiona por qué esta obra llevaría un año de retraso a pesar de que haberse reducido el proyecto. Erdozain asegura que las prioridades las debe marcar el alcalde en cuanto a las actuaciones para mejorar el suministro de agua.
