El PSOE de Arcos ha denunciado desde la barriada de la Paz el retraso que están sufriendo las obras del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) y que afectan a la citada barriada y al colegio Juan XXIII; dos actuaciones aprobadas en su día y que tendrían que haber comenzado en enero pasado. Se trata de casi dos millones de euros que sirven, paralelamente, para que los trabajadores del régimen agrario accedan al subsidio agrario, que es la filosofía del PFEA junto a la actualización y mejora de infraestructuras.
Así lo explica el secretario General del partido y exalcalde de Arcos, Isidoro Gambín, acompañado de la concejala, secretaria provincial de Organización del PSOE y diputada provincial, Ana Carrera. El primero señala, por ejemplo, que la obra del colegio Juan XXIII de Jédula inquieta a la comunidad educativa ante la incertidumbre que sufre, por lo que pide al alcalde de Arcos que exija a la Diputación provincial de Cádiz la máxima celeridad para poner en marcha los trabajos. Del mismo modo, Gambín explica que esta incertidumbre no es solo de vecinos y operarios, sino de los oficiales, técnicos, proveedores, etc. que también que están al frente de las distintas actuaciones.
Por su parte, Ana Carrera cree que el “abandono” del PFEA es “premeditado”, pues el Gobierno central ya habría aportado la parte que le corresponde. La inversión en la provincia supera los 32 millones de euros, afectando a más de 12.700 personas trabajadoras del sector agrario. Por ello, Carrera indica que no permitirán que persista la situación en perjuicio de los municipios y de la clase trabajadora. Ante este panorama, entiende que difícilmente se cumplan los plazos establecidos para la ejecución de las obras. Habla de “dejadez de funciones, incapacidad y falta de gestión” de la Diputación frente a un programa de empleo clave.
En el caso de la Sierra, se estaría dejando de ejecutar un total de 17 millones de euros para mejorar infraestructuras y servicios. Esto afectaría a 6.860 trabajadores del régimen agrario. Carrera concluyó asegurando no entender la situación. Sus demandas se dirigen en particular a la presidenta de Diputación y al alcalde de Arcos, al que acusa de no gestionar fondos provinciales para la ciudad.
