El Defensor de la Ciudadanía de Arcos, Pepe Salas, expuso ante el Pleno municipal la memoria de su oficina relativa a 2023, en la que, de inicio, agradeció profusamente a la población la confianza depositada en su servicio público y en particular a aquellas personas que han tramitado o expresado alguna queja sobre su relación con el Ayuntamiento. En particular a vecinos como José María García que viene denunciando la ocupación de caminos públicos. De hecho, en la sesión trascendería cómo a día de hoy la Junta de Andalucía mantiene cerrado el camino de El Postuero, lo cual ha dificultado incluso los trabajos de la empresa concesionaria del servicio de aguas. O al también vecino Juan Antonio Manzano por su interés continuo por el bienestar y seguridad de la población poniendo el conocimiento del Ayuntamiento una serie de deficiencias, entre ellas el estado del muro del CEIP Juan Apresa cuyas obras de reparación han comenzado felizmente hace unas semanas. En el pleno trascendió que este asunto llegó incluso al Defensor del Pueblo Andaluz. Gracias también a estos vecinos, se ha logrado recuperar las marquesinas del bus escolar que hasta hace poco dejaban desprotegido al alumnado. Y un último agradecimiento particular a la persona de Juan Clavero que igualmente viene denunciando desde Ecologistas en Acción la situación de la colada de El Postuero cerrada ilegalmente por la propia Junta de Andalucía, que a día de hoy no ha sido deslindada la a pesar de las reiteradas peticiones.
En el apartado de agradecimientos, Salas se remitió a la exalcaldesa Pepa Caro y a cuantos en 2009 votaron por unanimidad los estatutos que posibilitarían la entrada en servicio de la oficina; a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Arcos presidida por Felipe Iglesias; a este mismo periódico por la difusión de las noticias de la oficina; y a la Corporación que en 2015 permitió la reapertura del servicio; así como a la actual Corporación que ha mantenido la oficina. Hubo mención especial para el renunciante adjunto del Defensor, Francisco Venegas; a la empresa de aguas por su preocupación, a la asesoría jurídica Romano Sánchez por su asesoramiento y al gerente de la Mancomunidad de la Sierra junto al equipo jurídico y de arquitectos particulares por la realización de informes en favor de familias vulnerables que demandaban sus derechos patrimoniales.
Antes, Pepe Salas recordó que se cumplen ya quince años del inicio de la oficina del Defensor con el paréntesis que supuso su clausura los años 2013 y 2014. Aunque se teme que su periodo de mandato que fue renovado en diciembre pasado tocará fin más que pronto que tarde, dijo esperar que este servicio democrático tenga continuidad en el tiempo en defensa de los derechos particulares.
En su memoria, el Defensor lamentó, con la ayuda de una galería fotográfica, cómo en 2011 se pusieron de manifiesto los graves problemas de humedades y filtraciones de agua en calles como Gavira, causando gran desasosiego a las familias, que han tenido que esperar hasta 2023 para ver en marcha las obras, es decir, casi doce años.
Del mismo modo, puso de relieve cómo en repetidas ocasiones se organizan espectáculos y fiestas públicas y privadas en detrimento del descanso de la población. Puso como ejemplo una vez más el caso de los establecimientos a orillas del lago que provocaban hace unos años molestias a los residentes del geriátrico, que incluso, según el Defensor, eran medicados para poder conciliar el sueño.
“El coche escoba”
Pepe Salas comparó su oficina con “el coche escoba” de una carrera por atender a las personas que, por un motivo u otro, se quedan atrás.
Tras su intervención, tomaron la palabra los portavoces de los cuatro grupos municipales: Miguel Ángel Ortega (IU), María José González (PSOE), Leopoldo Pérez (Ai-Pro) e Inmaculada Alba (PP), y cerrando el alcalde, Miguel Rodríguez, expresaron su compromiso con el futuro de la oficina del Defensor y su apoyo incondicional, así como, en el caso del equipo de Gobierno, trabajar para corregir aquellas situaciones que traslade la ciudadanía.
Pepe Salas llegó a señalar que su poder no va más allá de recomendar al Ayuntamiento que cumpla sus obligaciones y responsabilidad con la población, particularmente con los más débiles y necesitados.
En la memoria, como anécdota, se refleja cómo el gasto de la oficina en 2023 ha sido de 1.351 euros, dado que su mantenimiento se nutre solo de medios municipales y el propio defensor no percibe asignación alguna, salvo el coste de algún puntual traslado a otras administraciones fuera de la ciudad.
