Las Cámaras de Comercio de Andalucía han mostrado su rechazo al establecimiento de un impuesto permanente al sector energético y bancario por el impacto negativo que ello supondrá en las inversiones y en el desarrollo de proyectos estratégicos en la comunidad como los vinculados al impulso del hidrógeno verde.
Además, la red cameral andaluza ha pedido a las distintas administraciones una respuesta rápida en el apoyo al tejido empresarial de Almería, en especial para El Ejido, para la reparación de los graves daños causados por la Dana en esta provincia.
Así lo ha acordado el Pleno del Consejo Andaluz de Cámaras en su reunión celebrada hoy en la sede cameral de Málaga en una visita institucional de todos sus representantes a la capital, donde mantuvieron un encuentro con su alcalde, Francisco de la Torre, al que asistió también el presidente de los empresarios malagueños y andaluces, Javier González de Lara.
Los miembros del Consejo Cameral comenzaron su visita a Málaga en las instalaciones de la empresa textil Mayoral, donde han conocido sus procesos de producción y los planes de futuro de la firma malagueña, una de las punteras en el sector de la moda.
Esta visita de los componentes del Pleno de las Cámaras andaluzas tiene como objetivo acercar su gestión y servicios a la provincia malagueña y conectar con su tejido empresarial, en la línea del objetivo compartido con la Cámara de Málaga para aproximar también su labor a las diferentes comarcas.
En este Pleno celebrado en Málaga, las Cámaras andaluzas se han posicionado en contra de la conversión del impuesto extraordinario en permanente al sector energético, ya que consideran que cambia las reglas del juego fiscal para los inversores y empresas del sector y afectará a proyectos clave para la transición energética en Andalucía en un momento decisivo para el avance en la descarbonización del modelo productivo.
Riesgo para las inversiones por el impuesto
Este impuesto pone en riesgo inversiones estratégicas de más de 8.000 millones para Andalucía como son los polos de generación de Hidrógeno Verde en Huelva y Algeciras, que prevén la generación de miles de puestos de trabajo además de contribuir a producir una energía limpia con gran proyección para el desarrollo industrial. La permanencia de este impuesto puede provocar la fuga de inversiones ya planificadas hacia otros territorios, limitando el potencial de crecimiento y la generación de empleo en un sector que es clave para la transición energética.
Asimismo, las Cámaras de Comercio sostienen que España es el único país de la UE que mantendrá esta medida fiscal extraordinaria que va precisamente en contra de uno de los objetivos del Gobierno en su apuesta por la descarbonización y el cumplimiento de la Agenda 2030, ya que desincentiva proyectos que contribuirán a avanzar en ese horizonte.
La red cameral andaluza pone de relieve la necesidad para inversores y empresas de contar con un marco regulatorio estable y predecible que garantice la seguridad jurídica y sea a la vez facilitador de la actividad económica y capaz de atraer inversiones y proyectos, ya que la economía necesita certezas a medio y largo plazo para impulsar inversiones estratégicas y de largo recorrido.
Además, señala que el sector energético y bancario, al igual que otras áreas de actividad, ya soportan una elevada presión fiscal cuando la economía necesita justamente lo contrario, según las Cámaras, por lo que solicitan una reducción de la carga impositiva.
Sobre el impuesto al sector bancario también prevén efectos negativos en la competitividad empresarial, ya que comprometerá el flujo de créditos tan necesario para la financiación de la actividad empresarial en un momento en el que se está mermando el impulso inversor.
Apoyo al empresariado de Almería
Por último, el Consejo de Cámaras de Andalucía ha expresado su respaldo al empresariado de Almería por los daños causados por la Dana a su paso por la provincia, especialmente graves y cuantiosos en el municipio de El Ejido y en la comarca del Valle del Almanzora.
Por ello, ha instado a las diferentes administraciones a actuar con celeridad para impulsar el proceso de valoración de daños y articular la concesión de las ayudas necesarias que permitan al tejido empresarial mitigar dichos daños y acometer su reparación para poder recuperar así cuanto antes su actividad.
