El PSOE de Barbate ha planteado dudas sobre el uso de las tarjetas bancarias del alcalde, Miguel Molina, y los concejales del equipo de gobierno, con el objetivo de conocer los gastos asumidos por el erario público. Esta petición de información surge tras un comunicado del propio alcalde, en el que se detallaban gastos en almuerzos, desayunos y comidas en distintos restaurantes y bares, tanto de Barbate como de fuera del municipio. En algunos casos, según lo expuesto, los montos superaban los 500 euros por comida, y se registraron más de 1.500 euros en un solo mes. Según el PSOE, el propio alcalde admitió que no estuvo presente en algunas de estas comidas cargadas a la tarjeta.
El grupo socialista subraya la importancia de supervisar el destino de los impuestos pagados por los ciudadanos de Barbate, argumentando que "todos estos gastos se suman al coste que ya supone el equipo de gobierno más caro de la historia del Ayuntamiento, con el mayor número de cargos de confianza, a pesar de la situación económica municipal".
El PSOE ha recurrido al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía en busca de amparo para asegurar el cumplimiento del derecho constitucional de acceso a la información pública de sus concejales. Según la agrupación socialista, han presentado hasta 66 solicitudes de información sin recibir respuesta, lo cual consideran una vulneración de un derecho fundamental y un incumplimiento de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Tanto la normativa local como la estatal establece un plazo de cinco días para que el gobierno municipal entregue la información solicitada. En algunos casos, estas peticiones de información han sido reiteradas hasta tres veces, intentando que el equipo de gobierno responda conforme a la legalidad vigente. No obstante, el PSOE considera que estas reiteradas negativas impiden a la oposición realizar sus funciones de control y fiscalización.
El partido socialista considera esta situación un acto de "oscurantismo en la política municipal", lo cual ha llevado a la agrupación a solicitar la intervención de un organismo autonómico. Si esta intermediación no resulta efectiva, el PSOE no descarta emprender acciones judiciales para garantizar el cumplimiento de este derecho fundamental recogido en el artículo 23 de la Constitución española, así como en diferentes legislaciones de régimen local.
El PSOE recalca que no es la primera vez que solicita respuestas en plenos municipales sobre preguntas formuladas, con varias pendientes desde meses anteriores. En vista de estos antecedentes, los socialistas esperan que el equipo de gobierno, formado por PP y AxSI, cumpla con la legalidad en materia de transparencia e información pública.
