La Cámara de Consejeros marroquí aprobó hoy el nuevo acuerdo de pesca con la Unión Europea, penúltimo trámite antes de que los pesqueros europeos (en su mayor parte españoles) puedan regresar al caladero marroquí tras un parón de casi un año.
El texto, presentado por el ministro de Relaciones con el Parlamento, Mustafa Jalfi, fue aprobado por unanimidad en esta segunda cámara.
Jalfi, en declaraciones a Efe, se congratuló por el acuerdo por varias razones: porque garantiza el desarrollo de la industria pesquera marroquí y la sostenibilidad de los recursos, promueve la formación de marineros marroquíes y deja establecido que "toda negociación sobre el Sáhara deberá hacerse con Marruecos".
Queda ahora como último paso la publicación del texto en el "Boletín Oficial", necesaria para que se considere que la ley entre finalmente en vigor.
La aprobación parlamentaria ha sido acelerada en esta ocasión, pues en menos de una semana el texto ha pasado por cuatro trámites: dos votaciones en la Cámara de Representantes (comisión y plenario) y otras dos en la Cámara de Consejeros.
Curiosamente, el texto ha estado "dormido" durante varios meses por razones desconocidas, pues su recorrido por las instancias europeas (Consejo de Ministros y Parlamento) estaba completado el pasado febrero, pero no llegó al Consejo de Ministros marroquí (es decir, a la firma del rey Mohamed VI) hasta este mes de junio.
El nuevo acuerdo tendrá cuatro años de duración y supondrá una contrapartida financiera para Marruecos de 208 millones de euros a cambio de permitir faenar en sus aguas a 128 barcos europeos, de los que 92 son españoles (principalmente de la región de Cádiz).
A partir de hoy, el último trámite pendiente es la publicación en el "Boletín Oficial", para lo cual no hay plazo fijo, y cuando esto se complete, se convocará entonces en Rabat la Comisión Mixta euro-marroquí que definirá aspectos muy concretos del acuerdo: nombres y fichas de los buques que vienen a pescar y de su personal, inspecciones técnicas, etc.
El Gobierno marroquí emitirá entonces las licencias y los barcos europeos podrán faenar, siendo optimistas, a mediados de julio, si los trámites restantes siguen la misma celeridad.
Este texto ha sido uno de los más costosos de los negociados entre la UE y Marruecos: si en anteriores ocasiones los argumentos que bloqueaban las negociaciones tenían que ver con argumentos ecológicos (la sobrepesca) o técnicos (el desembarque en puertos marroquíes o la obligación de contratar a marineros locales), en este caso fue una discrepancia de carácter político y jurídico.
Una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en febrero de 2018 abrió la caja de Pandora al establecer que las aguas del Sáhara Occidental no eran de soberanía marroquí, y por ende Marruecos no podía incluirlas en el acuerdo como si formaran parte de su territorio nacional, pero daba por válido el acuerdo pesquero entonces vigente porque no especificaba la soberanía de las aguas saharauis.
El Gobierno marroquí, que solo dos años antes había congelado los contactos con la UE por otro fallo similar (que también negaba su soberanía sobre el Sáhara), optó en esta ocasión por la mesura y buscó una fórmula que salvaguardara los intereses de ambas partes.
Las aguas del Sáhara son importantes en el acuerdo por un tema estrictamente pesquero (de ellas procede el 90 % del tonelaje de capturas) y político, pues para Marruecos las aguas, al igual que el territorio del Sáhara, forman parte indivisible de su soberanía.
La solución encontrada, según el texto aprobado hoy, fue definir que "la zona de pesca" cubierta por el acuerdo son las aguas del Atlántico centro-este, "incluidas las aguas adyacentes del Sáhara Occidental", pero una nota a pie de página precisa que son "aguas de la región del Sáhara, según la posición marroquí".
Una fuente europea en Rabat dijo a Efe que si bien el acuerdo ya no es relevante desde el punto de vista económico o social ni para Europa ni para Marruecos, lo es para Rabat por consideraciones jurídicas, pues el hecho de que sea él el que negocie sobre las aguas del Sáhara asienta así su soberanía en las aguas contestadas y crea jurisprudencia en el futuro.
