La misión parlamentaria encargada de estudiar la regulación del uso del burka en Francia abogó ayer por la prohibición del velo integral en los servicios públicos galos y propuso que el Parlamento adopte una resolución de condena hacia una prenda “contraria a los valores de la República”.

Tras seis meses de trabajo, los 32 diputados responsables del informe Velo integral: el rechazo de la República presentaron ante más de un centenar de periodistas sus conclusiones, entre las que destaca la recomendación de la interdicción de dicha prenda de origen afgano en transportes, hospitales, escuelas, bancos u oficinas de correos, entre otras.

Tal y como subrayó el presidente de la Asamblea Nacional, Bernard Accoyer, el informe muestra una “voluntad de que esa práctica cese” en el territorio francés al considerarla “integrista”.

Señala el informe que “toda Francia dice no al velo integral”, aunque haya diferencias sobre cómo regularlo, y subraya la conveniencia de buscar “consenso” entre el conjunto de las fuerzas políticas.

El propio jefe del Estado, Nicolas Sarkozy, aseguró en varias ocasiones que “el burka no es bienvenido en el territorio de la República” al tratarse de un “signo de servidumbre” que atenta contra la idea francesa sobre “la dignidad de la mujer”. Por su parte, el presidente de la misión parlamentaria multipartita, André Guerin, dijo ayer que “en el siglo XXI, no podemos aceptar el rostro tapado en el espacio público”.

La prohibición del burka, agregó, sería una “ley de liberación” para “todas esas mujeres encerradas” dentro de la prenda, que supone una comunidad de unas 1.900 afectadas en Francia.

El primero de los tres epígrafes del informe, Convencer, recomienda la adopción de la citada resolución de condena, además de diferentes medidas destinadas a reflexionar y estudiar la diversidad espiritual, el islam y la islamofobia en Francia.

Bajo el título de "Proteger", el segundo de los capítulos del texto aboga por "adoptar una disposición que prohíba disimular el rostro en los servicios públicos" y la creación de un "delito de violencia psicológica en el seno de la pareja", entre otras medidas.

"¿Prohibir?", el último de los enunciados, propone pedir su opinión al Consejo de Estado para "el eventual examen de una proposición de ley que prohíba disimular el rostro en el espacio público" y ha dividido a los parlamentarios.