La severa sequía del período estival registrada en las mayores zonas productoras, como así también las intensas olas de calor, han tenido un duro impacto en los olivares. Las previsiones son preocupantes de cara a la próxima cosecha 2023/24 que se espera comience más tarde y sea más breve. Según estimaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la producción de aceite de oliva alcanzará las 780.000 toneladas, casi un 50% menos que el año pasado cuando la producción alcanzó el millón y medio.
Las previsiones son aún peores en Andalucía donde se espera que la producción caiga a la mitad, alcanzando tan solo 587.000. Estas son las peores cifras en al menos diez años. Es por ello que desde la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderos (COAG) ya hablan de una situación límite. Una situación límite no solo en España, sino también a nivel internacional. La Comisión Europea anticipa que la producción mundial se contraerá un 22,75%, llegando a unas 773.000 toneladas.
Como era de esperar, el descenso en la producción amenaza con un aumento de los precios del oro líquido español. Datos de Infaoliva revelan que entre enero y noviembre de este año, se registró un aumento de entre un 40% y 50%. Ante esta preocupante situación, desde el ministerio de Agricultura intentan llevar calma y recuerdan que las cifras son provisionales y que la producción podría reactivarse en base a la evolución de las lluvias.
Mientras tanto, el ministro Luis Planas ha pedido una “contención en los precios” para asegurar que el aceite de oliva siga siendo un producto de clase media. Un pedido similar al del Secretario General de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Andalucía, Cristóbal Cano, quien ha llamado a la industria de distribución a “moderar su margen de control y evitar contribuir a que haya una subida de costes que haga disminuir la confianza de los consumidores en los aceites”.
Impulsar la confianza del consumidor en los beneficios del aceite de oliva no solo depende del control de los precios. Semanas atrás, la Comisión Europea adoptó una nueva reglamentación sobre el aceite de oliva cuyo fin es proteger su calidad y reforzar la transparencia desde su elaboración hasta su comercialización. Entre las medidas contempladas, destaca el mantenimiento de la prohibición de la venta de aceite a granel. Esto para evitar el riesgo de contaminación o fraude, algo fundamental teniendo en cuenta el contexto actual de incremento de precios.
De hecho, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) lanzó una alerta sobre la elaboración y distribución clandestina de aceite catalogado como “de oliva virgen” y de “oliva virgen extra” procedente de España que en verdad no era más que aceite vegetal de semillas o mezcla de semillas. Demás está decir que esto representa un riesgo para la salud de los consumidores. Lo que lleva al siguiente punto comprendido dentro de la nueva reglamentación de la UE que tiene que apunta a evitar el fraude y la desinformación a los consumidores.
Para ello, la Comisión prevé medidas para garantizar los sistemas de cierre de los envases, como así también la legibilidad de la información presente en el etiquetado. Según se estipula, la etiqueta de productos que contengan aceite de oliva deberá incluir detalles sobre el porcentaje que contiene. Esta medida tiene como objetivo principal evitar inducir a error a los consumidores. Sin embargo, este punto es contradictorio. Esto debido a que al mismo tiempo, la Comisión está considerando la adopción armonizada de un etiquetado en la parte delantera de los envases y uno de los modelos de etiquetado, el NutriScore francés, daña la imagen del aceite de oliva y es acusado de inducir a error a los consumidores. Así lo ha determinado la Autoridad Italiana de la Competencia que por ende decidió prohibir este etiquetado en el país.
En un evento organizado días atrás en el Parlamento Europeo por varias regiones europeas y auspiciado por el europarlamentario Paolo de Castro, distintas voces respetadas manifestaron su rechazo al NutriScore y a cualquier otro etiquetado frontal nutricional que penalice al aceite de oliva frente a otras grasas menos saludables.
Entre ellos, el presidente del sector aceite de oliva de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Rafael Sánchez de Puerta, quien opinó que “el sistema debe estar basado en los conocimientos científicos disponibles y fomentar los alimentos que se han demostrado beneficiosos para la salud, como el aceite de oliva, básico en la Dieta Mediterránea, por su aporte de ácidos grasos mono y poliinsaturados, rico en antioxidantes, polifenoles y vitamina E, y avalado por numerosos estudios científicos que reconocen su importante papel en la dieta para prevenir y reducir el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, hipertensión, colesterol, diabetes y cáncer y que dispone de 4 alegaciones nutricionales aprobadas por la UE”.
En otro contexto, pero con el mismo pedido, la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo ha reclamado a Bruselas que considere “los informes científicos actualizados” y le ha exigido al Ministerio que se posicione “absolutamente en contra del Nutriscore” debido a que esta herramienta “establece para nuestros alimentos una medición que nada tiene que ver con la realidad”.
En estos días, la Junta de Andalucía también se ha pronunciado en contra del sistema nutricional NutriScore. Ante el Comité Europeo de las Regiones, asamblea de representantes locales y regionales de la UE, el viceconsejero de Agricultura de la Comunidad Autónoma de Andalucía ha mostrado su preocupación con respecto a este sistema que “perjudica a productos españoles de calidad como el aceite de oliva o el jamón en su intento por armonizar en un código único esta información”.
Mientras las estimaciones sobre la producción de aceite están atadas a la evolución climática, no puede dejarse también al azar el futuro de este producto a una serie de medidas sin sentido que perjudican al sector y lo empujan aún más hacia una situación límite.
