Jiménez, quien siempre se ha mostrado radicalmente contraria a esta posibilidad, dijo ayer que “todavía no hay un acuerdo” al respecto porque “no existe una opinión clara y formada sobre la bondad de una medida de estas características”.
La titular de Sanidad quiso desligar esta cuestión de la crisis económica que hace peligrar el Sistema Público de Salud, al insistir en que desde hace más de veinte años el "copago" ha sido un tema "recurrente" en los debates sanitarios.
“Creo que ha estado en los cajones de todos los ministros que hemos llegado a este ministerio”, reiteró, para agregar que ella misma lo ha planteado en la Subcomisión del Pacto por la Sanidad y en el Consejo Interterritorial de Salud.
Sin embargo, hizo hincapié en que “no hay una posición clara y unánime sobre la conveniencia de la medida porque entraña dudas que son razonables y legítimas que hay que considerar”.
Se refirió, entre ellas, a “a quién se le aplicará, cómo se le aplica” o “si tenemos un sistema informático lo suficientemente desarrollado para poder discriminar entre aquellos que pueden o no pueden” afrontar este pago añadido.
Jiménez se preguntó “qué valor puede tener de cara a incrementar los ingresos” y, por tanto, “a fortalecer la sostenibilidad” del actual modelo público.
A su juicio, “hay un debate todavía demasiado abierto como para que este ministerio se proponga esta decisión”, porque “no hay un análisis de ingresos lo suficientemente determinante” y “existen dudas sobre cómo afectaría a la salud de los ciudadanos”.
La ministra de Sanidad Trinidad Jiménez recordó, como una dificultad para plantearse incrementar el coste de los servicios, que la parte de la población que más los usa son las personas mayores y sus pensiones, ha matizado, “son todavía bastante bajas”.
