La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, subrayó ayer que el Gobierno incidirá de cara al próximo año en la protección de los hijos de las víctimas de violencia de género y apeló al consenso de las fuerzas políticas para avanzar en esta materia.

Pajín hizo estas afirmaciones durante su primera comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso, en la que quiso comenzar su intervención con la “firme condena” al último crimen machista ocurrido en Badajoz, a la que se han sumado el resto de grupos.

La ministra reiteró que la violencia de género es “una prioridad” para el Gobierno y, tras lamentar las 69 víctimas mortales en lo que va de año, hizo un llamamiento para que las mujeres denuncien a sus agresores, ya que del total de las asesinadas, sólo 18 lo habían hecho.

“Es una evidencia que si las mujeres no denuncian, no podemos protegerlas”, aseveró la titular de Sanidad, Política Social e Igualdad, que mostró su convencimiento de que de la violencia de género “se sale” con el apoyo de todos.

En este sentido, opinó que la polémica de las denuncias falsas “hacen un flaco favor” a la lucha contra la lacra machista.

Sobre los dispositivos GPS para los agresores, dijo que le gustaría que de los 3.000 disponibles hubiera más activos porque “se ha demostrado que es una medida eficaz”.

Asimismo, consideró útil la propuesta que hizo la portavoz de CiU, Mercé Pigem, de tener estudios concretos sobre los posibles fallos del sistema de protección de las mujeres, que han sido asesinadas a pesar de contar con medidas que las protegían.

Pajín defendió la ley integral contra la violencia de género que, a su juicio, se ha convertido “en un ejemplo” para Europa y Latinoamérica y arrojó algunos datos, como que 94.936 mujeres se encuentran amparadas por el sistema de protección y que hay 1.919 efectivos policiales especializados y 106 juzgados específicos de este tipo de violencia.

La ministra mantuvo que la violencia de género además de las mujeres la sufren sus hijos, por lo que señaló que el Ejecutivo prestará especial atención a su protección y confirmó que mantendrá la partida de 1,5 millones de euros para las autonomías para fortalecer los programas dirigidos a asistir a los menores.

Recordó que el Congreso intentó llegar a un acuerdo para proteger a los menores y, en este sentido, resaltó que “no tiene ningún empacho en analizar con rigor las modificaciones legales que sean necesarias” si con ello se mejora la situación. Mantuvo que hay medidas eficaces que no requieren cambios legislativos.