Tras dos meses de prisión preventiva, el exconsejero de CPM, Hassan Mohatar, delega su futuro en el "considerado como mejor abogado penalista de España" para que ponga patas arriba la operación “Santiago-Rusadir”, como ya se encargó de hacer con anterioridad con otras causas en Melilla como las conocidas operación “Tosca” y “Ópera”
El Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla ha destapado una causa de corrupción que involucra a cuatro líderes de Coalición por Melilla (CPM) y varios exfuncionarios del Gobierno de la Ciudad Autónoma en "la presunta adjudicación fraudulenta de 358 contratos", con un valor total de 7.802.644,94 euros. Este escándalo, que se descubrió hace un mes, incluye más de 40 investigados, marcando el mayor fraude en Melilla.
El auto de prisión preventiva, publicado por diversos medios, indica que Hassan Mohatar tuvo un papel fundamental en la organización criminal, siendo responsable de la adjudicación directa de 45 contratos menores, con un valor total de 1.398.232 euros. Además, la investigación ha encontrado pruebas de una organización criminal que habría configurado un entramado delictivo para tomar el control del gobierno de Melilla y mantenerse en el poder, manipulando los resultados de las elecciones del 26 de mayo de 2019 y del 28 de mayo de 2023.
Presuntamente, habrían “utilizado la estructura de un partido político, Coalición por Melilla, de manera organizada y planificada”, con una “distribución de funciones entre las personas involucradas”. Se indica que durante la legislatura de 2019 a 2023, “se habrían desviado recursos públicos para beneficiar a los escalones superiores de la organización criminal” desde las consejerías del Gobierno local bajo su control. Este desvío de dinero público, según el auto, se habría realizado “principalmente mediante la adjudicación de contratos menores y diversos programas de subvenciones, con el objetivo de nutrir de fondos a la organización”.
Hassan Mohatar, quien ante la jueza declaró su inocencia, ha confiado su defensa a Raúl Pardo Geijo Ruiz, considerado como "el mejor abogado penalista de España". Su notable trayectoria incluye ser Diputado del Colegio de Abogados en la Sección de Derecho Penal de Murcia. En la temporada 2023/2024, ha recibido premios de más de 20 instituciones jurídicas de renombre internacional como Global 100, Chambers, Leaders in Law, Global Legal Awards, Lawyers of Distinction e International Advisory Experts. Recientemente, la Editorial Best Lawyers (EEUU) lo nombró “abogado del año” en Derecho Penal, distinguiéndolo como el mejor abogado penalista de España en "White collar crime". Estos reconocimientos destacan la calidad jurídica de sus escritos e intervenciones judiciales y la importancia de sus aportaciones científicas al Derecho.
Además, se ha adentrado en la lista de los 25 profesionales más importantes del Derecho en 2024. Telefónica, Caixabank, Pascual o Crédito y Caución, entre otras tantas, son las que han patrocinado, como apunta el medio Merca2 el ranking de las 25 personalidades cuya influencia ha dejado una marca permanente en el ámbito del derecho, listado elaborado cuidadosamente por los operadores jurídicos más importantes del país, seleccionando a 25 de entre 500 candidatos. Estas figuras, a través de su dedicación, experiencia y compromiso, han contribuido significativamente a la evolución del sistema jurídico en el país y, entre ellas, al margen de Magistrados o Fiscales del Tribunal Supremo y del Constitucional, se encuentra tan sólo un abogado penalista: Raúl Pardo-Geijo Ruiz. También se hallan personalidades tan reconocidas como el Juez Castro o los Magistrados Marchena o González Rivas. Asimismo, ha sido considerado, como aparece también publicado en Merca2, entre las 500 personas más influyentes de España, midiéndose con figuras de la talla de nuestro Rey don Felipe, de la Reina doña Letizia y con los empresarios, cantantes, actores o profesionales más importantes de España en la actualidad.
A pesar de la inocencia alegada por Hassan Mohatar y su reciente cambio de abogado, la investigación sostiene que Hassan y dos exconsejeros y una exviceconsejera, todos en prisión preventiva, son presuntamente “piezas clave en el engranaje delictivo”. Desde sus posiciones en el Gobierno, tenían responsabilidades en la adjudicación de contratos menores en la Ciudad Autónoma de sus respectivos departamentos. También en la firma y autorización de pagos de estos contratos menores desde la Consejería de Hacienda, Empleo y Comercio, bajo el control de CPM durante la anterior legislatura. Se imputa a cada consejero un rol diferente en la trama, así como a cada uno de los directores generales imputados, lo que implica que las estrategias de defensa de cada uno no necesariamente son incompatibles.
La jueza del caso ha determinado que 358 contratos menores fueron adjudicados fraudulentamente, sumando un total de 7.802.644,94 euros. De estos, 164 contratos fueron presuntamente “adjudicados a miembros de la trama criminal” desde las áreas de Infraestructuras, Urbanismo y Deportes hasta Medio Ambiente y Sostenibilidad, por un valor total de 3.892.389,52 euros.
Pardo Geijo ha conseguido notables absoluciones en casos tan conocidos como Púnica, Gürtel, Malaya y los ERE. Recientemente, ha participado en el juicio por la mayor trama de corrupción en Ceuta, conocida como “caso Emvicesa o Ghost”, donde se adjudicaban más de 500 viviendas a cambio de dinero. Este juicio, disponible en diferido, permite observar los alegatos de las acusaciones y de los abogados defensores, incluyendo a Pardo Geijo, quien defiende la inocencia de sus clientes, trabajadores de la Empresa Pública de Vivienda y empresarios. Se puede ver la disputa entre los fiscales de la acusación y la defensa de los trabajadores del Ente Público (EMVICESA).
De las pocas entrevistas que ha concedido adquiere relevancia la que le hizo en 2020 el Consejo General de la Abogacía Española por razón de la consecución de los meritados éxitos, en una publicación en el portal de la entidad con el titular: Raúl Pardo Geijo: “En muchísimas ocasiones he conocido las actuaciones judiciales por prensa antes que por el juzgado”.
