En la mañana de este martes, miembros de la Federación de Asociaciones de Vecinos 5 de Abril de Cádiz y de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, se concentraron frente a las puertas de Servicio de Gestión de Penas y Medias Alternativas (Sgpma) y del Servicio Social Penitenciario, en la calle Acacias de la capital, para mostrar su rechazo a la supresión de ambos servicios. Una medida que tiene como causante los recortes que se están llevando a cabo desde el Gobierno y que ha sido decidida por la Secretaría de Instituciones Penitenciarias.

Rafael Lara, presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos en Cádiz, denuncia que “muchas personas pobres, como son la mayoría de las que usan este servicio, tendrán que desplazarse ahora a Jerez, y no a cualquier sitio, sino a en la Carretera Nacional IV Madrid-Cádiz, un sitio donde ni siquiera existen medios de transporte públicos adecuados. Es un descalabro para muchas familias, y todo por recortar, esos malditos recortes que siempre van contra los pobres, contra las personas más necesitadas de esta sociedad y nunca contra los bancos o contra las grandes empresas. Siempre se recorta a los que no tienen nada”.

Lara recuerda que “se han realizado muchas gestiones, se ha hablado con muchas administraciones y políticos, pero aquí está el resultado… pasan totalmente de la sociedad y de los problemas de las personas. Es más, hemos ofrecido locales para que no les cueste dinero, pero la respuesta ha sido que no, que a Jerez, a Jerez y a Jerez”.

Por eso “queremos mostrar nuestra más enérgica protesta y lo decimos aquí ante los medios de comunicación. La idea ahora es que retorne lo antes posible”.

Esta medida afecta a cientos de personas, “casi todas ellas con escaso poder adquisitivo, lo que supone un problema a la hora de coger primero un autobús, luego el tren y más tarde andar para llegar a la nueva sede, y si faltan un día, el juez les puede devolver a la cárcel”.

El Sgpma es la unidad administrativa encargada de hacer efectivo un mandato judicial de una medida alternativa a la prisión y está dirigido a personas que cometen delitos de escasa entidad por primera vez, que carecen de antecedentes penales o que, aun teniéndolos o habiendo cometidos delitos más graves, se encuentran en un proceso de reinserción social que el Juez estima como favorable y que se vería truncado por el ingreso en prisión.

En el año pasado fueron 600 expedientes los que se han tramitado esta sede, un 35 por ciento de Cádiz capital, el resto son de Cádiz, San Fernando, Puerto Real, Rota, Chiclana, Conil, Vejer, Barbate, Zahara de los Atunes, Benalup, Medina Sidonia  y Alcalá de los Gazules.

Pero a pesar de los numerosos talles de sensibilización vial, violencia de género, trabajos en beneficio de la comunidad, programas de drogadicción y salud mental puestos en marcha, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha decidido “sin tener en cuenta todos estos datos, suprimir el servicio en Cádiz y hacer que las personas afectadas tengan que trasladarse a la unidad de Jerez para poder acceder y realizar las muchas y habituales gestiones ante el mismo”.

Si el objetivo de las administraciones es dar servicio a los administrados consideramos que con esta medida injustificable se están vulnerando los derechos de los mismos, es decir de las personas que puedan acceder a medidas alternativas a la prisión o a los servicios sociales. El posible ahorro no justifica que se dificulte el ejercicio de un derecho, cuyo coste recaerá a partir de ahora sobre los afectados, que en muchos casos no podrán asumirlo", subrayan.
   Al considerar que con esta medida las personas "pasarán a cumplir dos condenas, una la impuesta judicialmente y otra la impuesta arbitrariamente por la administración", des la Federación 5 de Abril y la Apdha han elevado su queja y protesta a la Dirección General de Instituciones Penitencias, al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, a la parlamentaria del PP por Cádiz, Teófila Martínez, y al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria "esperando que entre todos sean capaz de paralizar un nuevo atropello en esta provincia del derecho de acceso de las personas a la justicia".

“Hay quien ya ha avisado de que no se va a desplazar hasta Jerez porque no tiene cómo hacerlo, y que por lo tanto, tendrá que regresar a la cárcel”, señalaron los convocantes de la protesta.