El Plan Estatal de Vivienda 2013/2016, aprobado por Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, establece entre sus objetivos prioritarios el apoyo al alquiler como régimen de acceso a una vivienda y regula el programa de ayudas al alquiler. Este contempla ayudas tanto a las personas que ya tienen suscrito un contrato de alquiler como a las que tienen un contrato condicionado a recibirla. La gestión del Plan corresponde a las Comunidades Autónomas a través de los Convenios que, a tal efecto, se suscriban entre las Administraciones Estatal y Autonómica.
Con fecha 15 de septiembre de 2014 se suscribe el Convenio citado anteriormente entre la Junta y el Gobierno. En el mismo se prevén convocatorias anuales para la concesión de ayudas con una financiación estatal de 10M€, 24,5M€ y 29M€ para las convocatorias de los años 2014, 2015 y 2016 respectivamente.
La Consejería de Fomento y Vivienda publica la primera y, hasta ahora, única convocatoria, el 9 de marzo de 2015, con una dotación presupuestaria de 15M€ inferior a la prevista en el Plan Estatal. Conforme a las bases de la convocatoria, la Consejería resolvería la concesión de las ayudas antes del 30 de julio y se abonarían mensualmente para que los inquilinos pudieran hacer frente al pago mensual de las rentas durante el año 2015.
Hoy, 9 de marzo de 2016, se cumple un año desde la publicación de la convocatoria en el BOJA y aún no se ha resuelto ni abonado ninguna ayuda al alquiler. Con fecha 23 de octubre de 2015 se dictan resoluciones de personas beneficiarias provisionales y suplentes para la obtención de las ayudas, estableciéndose un plazo de diez días para presentación y/o subsanación de documentación. Según consta en las resoluciones, se han concedido, aproximadamente, 11.950 ayudas provisionales y 7.530 ayudas suplentes.
De estas ayudas, según los datos que disponemos,2.604 corresponden a la provincia de Cádiz, de estas 986 solicitantes tienen una ayuda concedida inferior a 1.000€ anuales, 1.497 entre 1.000 y 2.000€ anuales y solo 121 beneficiarios  entre 2.000 y 2.300€.  Las ayudas oscilan entre 83 y 191€ mensuales.
Recientemente el Consejo General del Poder Judicial ha hecho público el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales” donde consta que en Andalucía se han producido, durante 2015, un total de 10.694 desahucios de los que 4.469 fueron como consecuencia de impagos de inquilinos. En la provincia de Cádiz se han realizado 2.477 ejecuciones hipotecarias
El impago de ayudas se produce además en una provincia cuyos municipios encabezan el ranking nacional de paro y pobreza de toda España como ha resaltado el último informe UrbanAudit del INE
Estos antecedentes nos lleva a denunciar el fracaso en la gestión del Plan Estatal por la Consejería de Fomento y Vivienda, de los 65M€ de aportación estatal para las ayudas al alquiler, la Consejería de Fomento solo ha publicado una convocatoria de ayudas por un importe de 15M€ y a ningún andaluz ni gaditano se le ha concedido una ayuda al alquiler del Plan Estatal de Vivienda. Ayudas que podrían haber evitado muchos de esos desahucios y facilitado el acceso a una vivienda a los que tenían contratos pendientes de recibir las ayudas.
Por las anteriores consideraciones la APDHA formulamos públicamente las siguientes preguntas:
- Qué destino se ha dado a los 14M€ correspondientes al año 2014.
- Qué destino se ha dado a los 9M€ del año 2015 no contemplados en la Orden de3 de marzo de 2015.
- Cuando se van a abonar las ayudas al alquiler de la convocatoria de 2015
- Cuando se va a publicar la convocatoria de ayudas para las mensualidades de 2016.  
Hoy miércoles día 9comparece el Consejo en la Comisión de Fomento del Parlamento Andaluz en la que debe responder a una pregunta en este sentido formulada por Izquierda Unida a instancias de la APDHA-Cádiz.
La APDHA-Cádiz pide que se dé una respuesta clara y transparente al Parlamento y a la opinión pública pues resulta del todo indecente que en medio de la situación de emergencia habitacional que se vive en nuestra tierra se escamoteen millones de euros para ayuda al alquiler, que además proceden de fondos estatales.