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Cádiz

El PP acusa a la Junta de haberse reído de Cádiz con el Cementerio

Para evitar la clausura, recuerda Ignacio Romaní, esgrimían el artículo 48 del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria

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  • Cementerio -

El portavoz del Grupo Municipal Popular (GMP), y anterior responsable de Urbanismo y Cementerio del Ayuntamiento de Cádiz,  Ignacio Romaní, calificó hoy como “vergonzoso que la Junta de Andalucía se haya estado riendo de los gaditanos durante años con un asunto tan importante como el cementerio de Cádiz”.

Romaní recordó que el Ayuntamiento solicitó a la Junta de Andalucía la clausura del cementerio de San José el 20 de septiembre de 2013 a través del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, una vez que había publicado en el BOE de 25 de mayo de ese mismo año el inicio del expediente de clausura del camposanto gaditano (https://www.boe.es/boe/dias/2013/05/25/pdfs/BOE-B-2013-20129.pdf). A partir de esa fecha los responsables autonómicos fueron negando una y otra vez la clausura definitiva del Cementerio de San José, esgrimiendo el artículo 48 del Decreto 95/2001, sobre el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria. La delegada provincial de Salud llegó a decir literalmente que “el artículo 48 es muy claro en cuanto al procedimiento (…) una vez que el Ayuntamiento haya finalizado todo el proceso de exhumación, inhumación, cremación y traslado de los restos, solo entonces la delegación podrá clausurar el cementerio”. 

Alguien tendrá que responder

Los populares estudiarán las responsabilidades en las que haya podido incurrir durante su etapa como delegada de Salud de la Junta en Cádiz, la ahora diputada Mirian Alconchel, que de manera oficial y a través de los medios de comunicación denegó siempre la clausura del cementerio en base a una normativa que no ha sufrido ningún cambio. Romaní señaló al respecto que “nos alegramos que se desbloquee el asunto y sobre todo por SOS Bebé Robados, algún responsable del PSOE en la provincia de Cádiz debería dar explicaciones sobre qué ha cambiado para que antes no se pudiera clausurar sin hacer las exhumaciones previamente y ahora sí, porque si el único cambio para variar el criterio legal utilizado es el color político del alcalde es un asunto muy grave que Fran González y los socialistas de Cádiz deberían mirarse bien”.

Aprendiendo a contar

El portavoz popular quiso también mostrar su satisfacción por el desbloqueo de un asunto “en el que pusimos todo nuestro esfuerzo y empeño, aunque haya sido por un capricho político de algún socialista que tiene que querer mucho a Cádiz”. Romaní indicó que los actuales responsables municipales deberían, no obstante, aprender a contar: “si conocen el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria sabrán que no se puede clausurar un cementerio sin que hayan pasado diez años de su último enterramiento, que en el caso de Cádiz fue en 1992, por lo que la cantinela de ayer de  24 años de bloqueo está –como poco- mal calculada.

Romaní explicó que “tras pasar los diez años preceptivos según ley, en 2002, se inició un proceso lento pero minucioso de documentación, apertura de plazos para traslados voluntarios de restos al Mancomunado que en varios casos fue ampliado, publicación de resoluciones para alegaciones de cualquier tipo y lo que es más importante: traslado de los restos al mancomunado por cuarteladas. Todo con un objetivo principal de preservar el derecho de los gaditanos a la memoria de sus seres queridos. Y en 2013, es decir, 11 años después, se inició el expediente de clausura que durante tres años bloqueó la Junta de Andalucía.
 

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