La secretaria general algecireña, Rocío Arrabal, anuncia el envío de un nuevo expediente sobre lo ocurrido en los últimos años con el parking Escalinata, y responsabiliza a Landaluce de que se hayan dejado de ingresar unos 2 millones de euros en las arcas municipales
El PSOE de Algeciras va a llevar a la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo un expediente por presunta malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, falsedad en documento público, frustración de ejecución y acusación de denuncia falsa, por lo ocurrido con la empresa Nautagest, concesionaria del parking de La Escalinata, durante los últimos 20 años.
Así lo ha trasladado a los medios de comunicación la secretaria general del PSOE de Algeciras y candidata a la Alcaldía de esta ciudad, Rocío Arrabal, quien considera “muy grave” que existan indicios fundados de que el actual alcalde, José Ignacio Landaluce, y su equipo de gobierno habrían dejado de cobrar a Nautagest alrededor de 2 millones de euros que “son de todos los ciudadanos y que no han sido ingresados en las arcas municipales”.
En una rueda de prensa junto al secretario de Organización y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Fran Fernández, Arrabal ha recordado algunos de los hechos más significativos de todo lo ocurrido con Nautagest desde 2001, cuando resultó adjudicataria del Parking Escalinata con los votos a favor de PP y PA, “apenas unos meses después de haberse constituido como empresa, el 17 de mayo de 2000, con un capital social de 3.000 euros”.
“Curiosamente, lo mismo que ha ocurrido más recientemente con Garancruz, creada unos meses antes de empezar a prestar servicios de vigilancia para el Ayuntamiento, con un capital social de 3.000 euros, y también con la empresa de la grúa, constituida con ese mismo capital social, 3.000 euros, apenas un mes antes de recibir dicha adjudicación por ‘Emergencia’ y por Decreto de Alcaldía”, ha advertido Arrabal, recordando que “ninguna de estas empresas, qué casualidad, fueron creadas con los fines para los que luego serían sus servicios y adjudicaciones públicas”.
“El señor Landaluce ha participado en todas estas presuntas irregularidades, que están costando mucho, mucho dinero a las arcas municipales”, ha lamentado la candidata socialista a la Alcaldía de Algeciras, que ha reprochado al también senador del PP que en vez de como alcalde, actúe como “agente comercial” de las empresas, ya que “los beneficios van para esas empresas privadas y se municipalizan las pérdidas, y así a los ciudadanos nos toca perder siempre”.
En lo que respecta, concretamente, al caso de Nautagest, Arrabal ha recordado que la ilegalidad del parking fue declarada en sentencia firme, y la ejecución de sentencia decretaba su demolición en 2016, aunque siguió abierto hasta 2021. “Nautagest, que continuó con la explotación del parking ilegal hasta 2021, había comenzado a no pagar canon al Ayuntamiento en 2012. En 2018, se licita la redacción del proyecto de derribo y se tardan prácticamente 2 años en adjudicarlo, curiosamente al vecino de despacho de Nautagest, la UTE Vising Innova 2016 SL, VS Servicios y Urbanismo SL”, ha resumido Arrabal, añadiendo que, después de ello “se accede a resolver la adjudicación de mutuo acuerdo cuando el adjudicatario no cumple, aludiendo a la ‘complejidad’ del proyecto, e incluso se le devuelve la garantía pecuniaria que se le exigió al contratista, que debió haberle sido incautada por su incumplimiento”.
Tras explicar que esto supone, en la práctica, una “burla de la orden judicial de derribo”, Arrabal ha continuado recordando que Nautagest solicitó, por motivo de la ilegalidad del parking, la resolución del contrato y una indemnización a su favor, extremo que terminó en vía judicial, condenándose al Ayuntamiento al pago de 7.404.469,42 euros, en concepto de indemnización por daños y perjuicios. Según ha añadido Arrabal, “existe un pacto firmado entre Ayuntamiento y Nautagest por el que se compensa parte, y no toda la deuda, que la empresa debe al Ayuntamiento, y de casi 7,5 millones de euros se acuerda dejar la deuda en unos 7 millones”.
Arrabal ha detallado a los periodistas el porqué de los presuntos delitos que se pretende que investigue la Fiscalía del Supremo, entre ellos el de malversación de caudales públicos, “al haberse condonado la deuda municipal y haberse dado finiquito y carta de pago a Nautagest sin que haya abonado un euro de ese débito con el Ayuntamiento, que nosotros hemos podido estimar en unos 2 millones de euros”.
Tras recordar que “un ayuntamiento no puede condonar deudas, ni realizar liberalidades”, Arrabal ha aclarado también a los periodistas que el presunto delito de acusación o denuncia falsa se basa en el hecho de que Nautagest SL desistiera de “una querella criminal que interpuso falsariamente contra funcionarios municipales, como presunta medida de presión o coacción, y de la que solo desistió tras la firma del pacto transaccional, lo que indica la falsedad de tal denuncia, y su papel como artificiosa ‘moneda de cambio’ del pacto con el Ayuntamiento”.
Uso “partidista y sectario” de la institución municipal
Los dirigentes socialistas han reprochado también hoy al alcalde que siga empeñado en hacer un “uso partidista y sectario” de las instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de Algeciras, para sus intereses personales y los de su partido. Y han insistido en que “no nos van a callar, porque vamos a seguir llevando a cabo el papel fiscalizador de la gestión del gobierno municipal, que como oposición tenemos encomendado por la ciudadanía”.
Arrabal y Fernández han recordado que la querella que el Partido Popular pretende aprobar en el próximo pleno contra ellos por presuntas calumnias, con dinero público y con el tiempo de los funcionarios, no es más que “un intento del alcalde por lavar su imagen y seguir ocultando su desastrosa gestión, que ha llevado a la ruina a nuestro Ayuntamiento”, y han advertido que “esa estrategia de intentar amedrentarnos no les va a servir para nada, porque vamos a seguir mirando con lupa cada papel y realizando cuantas acciones consideremos necesarias para salvaguardar el interés general de todos los vecinos y vecinas de Algeciras”.
