La cara más dura de la crisis económica y de la picaresca a la vez mostraron ayer su rostro en la barriada de El Arenal, donde dos jóvenes familias con hijos pequeños y en desempleo los padres fueron desahuciadas de las viviendas de promoción pública en alquiler propiedad de la Junta de Andalucía que ocupaban desde hace años irregularmente, ya que estaban concedidas a otros titulares.
Ante la protesta vecinal y la negativa a desalojar las viviendas, siempre en actitud pacífica, las familias afectadas y el representante del departamento autonómico de Gestión Patrimonial, junto a dos asistentes sociales del Ayuntamiento, alcanzaron un acuerdo consistente en realojar de forma provisional a los desahuciados durante quince días en un hotel y ofrecerles asesoramiento sobre los pasos administrativos que deben seguir para poder acceder legalmente a otra vivienda en régimen de alquiler protegido. Según ha podido saber este medio, la solución definitiva planteada desde el estamento público pasaría por el intercambio de los actuales pisos entre las dos familias.
Sobre las diez de la mañana una comisión judicial, acompañada de policías, acudió a las dos viviendas ubicadas en los bloques 2 y 3 de la barriada de El Arenal para ejecutar la orden judicial de desahucio que cierra un expediente abierto por la Junta de Andalucía en mayo de 2009.
Según han indicado fuentes de la Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, el procedimiento se abrió cuando se detectó que las personas que tenían concedido el alquiler protegido, con una cuota de alquiler de entre 15 y 20 euros mensuales, no vivían en estas casas, que eran ocupadas por otras personas.
Tras agotar sin solución los trámites administrativos, el caso pasó al juzgado, que el pasado viernes informó a los afectados de que hoy se cumpliría la orden de desahucio.
Tras recibir la orden de desahucio, Antonia Fernández Izquierdo, de 25 años de edad, y su marido Nicanor Manzano, de 30, uno de los dos matrimonios afectados, explicaron que vivían en la casa desde hace “muchísimos años”, pagando un alquiler mensualmente bajo el nombre de la persona que la tenía concedida. El matrimonio reconoce que pagó por el piso a la persona a la que se le había concedido, en concreto Fernández manifestó que “algo llevó”, aunque no mucho porque “era familia, me había criado desde pequeñita”, pero sin entregarles ningún tipo de documento de venta o propiedad.
“Me he casado estando aquí, mis dos hijos han nacido aquí. Esto es injusto, hay 300 personas igual que yo y no echan a ninguna”, decía la mujer, en paro como su marido y que ahora reclama “un techo sea donde sea”.
Tras aclararse la situación en el bloque 3, la comisión judicial se trasladó al bloque 2, donde Daniel Fernández y Ana Soto, padres de un niño de dos años, y numeros vecinos esperaban el desahucio. Al igual que en el caso anterior, se negaron a abandonar la vivienda hasta que conocieron la propuesta de realojo provisional ofrecida por el Ayuntamiento.
Las dos familias esperan que se cumpla lo acordado y antes de quince días puedan disponer de una vivienda de promoción pública en régimen de alquiler.