El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, avanzó ayer que el Gobierno prevé suprimir las 1.432 mancomunidades al completo en el marco de la Ley de Bases del Régimen Local y que serán las diputaciones provinciales las que se encarguen de gestionar las competencias de aquellos ayuntamientos que no lo puedan hacer dentro de los criterios de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

En declaraciones a los medios tras reunirse con representantes de CEOE y Cepyme, el secretario de Estado de Administraciones Públicas aseguró que esta supresión afectará a “todas” y cada una de las 1.432 mancomunidades existentes, y admitió que “sin duda habrá supresión de cargos públicos” a raíz de esta medida.

Por otro lado, Beteta manifestó la voluntad del Gobierno de tener lista la Ley que regulará las administraciones locales “este año”, por lo que aseguró que, en caso de no alcanzar un acuerdo al respecto, se hará “de todos modos”.

El Gobierno ya ha elaborado un documento con su propuesta fruto de una comisión de expertos liderado por el Instituto Nacional de la Administración Pública, inspirada en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Hasta la fecha, el Gobierno ha presentado esta propuesta a PSOE, CiU y PNV, y la ha remitido a las comunidades autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a la espera de sus alegaciones.

Municipios
Según explicó ayer Beteta, “no es exigible la supresión de municipios”, no así que cumplan con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En este sentido, señaló que aquellos ayuntamientos que no puedan financiarse con sus recursos serán gestionados por las diputaciones provinciales, que cumplen una función similar a la de las mancomunidades.

“Las diputaciones son la mancomunidad natural”, manifestó Beteta, quien añadió además que un estudio del Instituto de Estudios Fiscales, que se presentará próximamente, revela que esta gestión global de los servicios municipales es veinte veces más barata que la individual.

En cualquier caso, el secretario de Estado de Administraciones Públicas indicó que “la voz de los ciudadanos se seguirá escuchando a través de los alcaldes y los diputados provinciales”.

El anuncio hecho público ayer por el secretario de Estado plantea serias dudas sobre la subsistencia, entre todas las del país, de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, una circunstancia que abre una incógnita sobre los servicios que desempeña el ente mancomunado en la comarca, así como la propia configuración política establecida a través del pacto de Gobierno entre PP y PA, que ha impulsado una reciente reestructuración económica.

De la Torre

El presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Diego González De la Torre, afirmó ayer, tras conocerse la noticia, que “ya se veía venir que iba a haber movimientos”, aunque aseguró que “para mí ha sido una sorpresa”, por lo que prefirió conocer “los matices” antes de profundizar en la misma.

En cualquier caso, expresó sus sospechas de que la medida se aplique sólo en las mancomunidades pequeñas, “que no tienen servicios consolidados”. Así, De la Torre precisó que el ente campogibraltareño “tiene ayuntamientos grandes y los servicios consolidados.

Es un modelo de gestión que ya lleva mucho tiempo, con unas competencias muy importantes en el tema de los servicios. Es la única que tiene el servicio de agua en alta, con una transferencia importante de la Confederación Hidrográfica. Todo eso habrá que estudiarlo”, manifestó, optando por “no ser alarmistas”.

Sobre los problemas financieros, De la Torre recalca que derivaban de que “la gestión que había habido hasta el momento no se había preocupado del sistema de financiación” y que “la Mancomunidad es viable desde el punto de vista económico”.

Romero

El alcalde de Los Barrios y cabeza visible del Partido Andalucista en el pacto con el Partido Popular para formar la coalición en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Jorge Romero, prefirió ayer ser cauto en relación al anuncio de Antonio Beteta.

Romero, que también es presidente de la comisión de mancomunidades de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), prefirió ayer no hacer valoraciones hasta que se conozca el alcance del anuncio, y advirtiendo que en el propio seno de la FEMP existían versiones enfrentadas sobre la noticia. Pese a todo, sí se mostró partidario de la opción que suponga “un ahorro de la administración y un mejor servicio”. “Habrá que primar el interés público y el coste lo más barato posible de los ciudadanos”, concluyó.