La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, exige a los responsables de Interior que "dote de más personal a la Aduana de La Línea que hace frontera de Gibraltar. Para la Central Sindical, un incremento de plantilla y de medios en la Aduana ayudaría a reducir las problemáticas colas que se forman a la salida y a la entrada del Peñón, permitiendo al mismo tiempo que se lleven a cabo los controles y registros obligatorios que se realizan cotidianamente para luchar contra el contrabando".
CSIF, "sin entrar a valorar el conflicto desde el punto de vista político o económico, sólo quiere defender el trabajo de los empleados públicos que ejercen su labor en la frontera con Gibraltar y que, últimamente, están sufriendo presiones, insultos, amenazas y hasta persecuciones y agresiones, a raíz del reciente agravamiento del conflicto entre España y el Gobierno gibraltareño. CSIF insiste en que los controles y registros que se producen en la Verja son un derecho y una obligación, que responde a la realidad cotidiana del contrabando y la economía sumergida en la zona, como consecuencia de las ventajas que otorga la compra y consumo de productos adquiridos en Gibraltar, que son mucho más baratos que en España por el régimen tributario de la colonia británica", sostienen.
La central sindical entiende que "tanto los trabajadores públicos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), como los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, necesitan contar con más medios y recursos para poder realizar en condiciones aceptables su cometido, de forma proporcionada y sin discriminación. Debido a la consideración de que Gibraltar no está integrada en el espacio Schengen, y por las evidentes ventajas fiscales y tributarias del Peñón, los controles en la frontera pueden y deben llevarse a cabo para luchar contra el contrabando y las mafias que defraudan a la Hacienda española".
Por último, CSIF propone que "se establezca un control de documentos (escáner), con el fin de controlar mejor el contrabando, haciendo un seguimiento de las entradas y salidas de determinadas personas. Al mismo tiempo, serviría para detectar cuántos gibraltareños que poseen una vivienda en territorio español la utilizan como residencia habitual más de 183 días al año, lo que les obligaría a tributar en IRPF como residentes en España".
