Cada gibraltareño --incluido niños, ancianos y embarazadas-- debió de fumar en 2012 más de 180 cigarrillos al día para consumir todo el tabaco que pasó por la colonia británica ese año, en el que se incrementó hasta rozar el millón el número de cajetillas aprehendidas por las autoridades españolas en la Verja, según los datos que dispone el Gobierno.
El Gobierno alegó la existencia de unas proporciones de tabaco en la colonia desorbitadas para explicar ante Bruselas la pertinencia de los controles que realiza en la Verja y que las autoridades gibraltareñas, con el apoyo de Reino Unido, denunció ante la Unión Europea.
Esta misma semana, la Comisión Europea ha remitido una carta a Londres en la que pide "medidas" para garantizar que las importaciones de tabaco del Peñón sean "proporcionales a la demanda legítima".
Y es que, teniendo en cuenta el tabaco aprehendido y las importaciones de tabaco por vía terrestre al Peñón --que se han triplicado entre 2006 y 2011-- los gibraltareños han tenido que fumarse casi diez paquetes de tabaco al día para consumir todo esas mercancías.
Estas cifras ya fueron puestas de manifiesto por el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, el pasado agosto: "Si los 'llanitos' se fumaran todo el tabaco que allí se vende, sería una población diezmada por el cáncer de pulmón".
Se multiplican
En total, según la documentación de que dispone el Ejecutivo, en 2012 las fuerzas de seguridad españolas se incautaron de 981.085 paquetes de trabajo, seis veces más de lo que se registró en 2008, cuando se recogieron 152.765 cajetillas, entre infracciones detectadas y pitillos abandonados por contrabandistas.
En estos últimos cinco años, el tráfico ilegal registrado no ha parado de aumentar: en 2009, 194.560 paquetes incautados; en 2010, 300.401, y en 2011 fueron 778.941. Sólo entre 2010 y 2012 las aprehensiones aumentaron en un 213 por ciento.
Esta tónica se ha registrado también en los últimos meses, coincidiendo con el repunte de las tensiones entre la colonia británica y el Gobierno español, a cuenta en parte de los controles que las autoridades españoles hacen en la Verja para impedir el contrabando.
El conflicto estalló el pasado mes de julio, después de que las autoridades gibraltareñas lanzaran en la Bahía de Algeciras unos bloques de hormigón que según los pescadores españoles que faenan en la zona destruyeron su caladero.
A las protestas del Gobierno español se sumaron pronto las de las autoridades gibraltareños por el incremento de los controles en la Verja, que provocó largas colas para los vehículos que entraban y salían de la colonia.
Aumento en octubre
Precisamente ese mes, según los datos oficiales, las autoridades se incautaron de 83.848 cajetillas y un mes después, un agosto marcado por la crisis diplomática, hubo 102.635 aprehensiones. En septiembre las incautaciones bajaron a 89.924, para subir el pasado mes de octubre a las 123.215 cajetillas incautadas.
El Gobierno español ha defendido desde un principio la legalidad y necesidad de estos controles, para impedir el contrabando procedente de la colonia británica, a pesar de las quejas de los gibraltareños.
Después de los cruces de declaraciones, la Comisión Europea ha recomendado a Reino Unido que establezca "medidas" para garantizar que las importaciones de tabaco por parte del Peñón sean "proporcionales a la legalidad legítima".
Ésta fue la respuesta que remitió Bruselas al embajador británico ante la UE, Ivan Rogers, en relación con la queja que presentó Londres por los controles, que consideraba "desproporcionados y políticamente motivados".
Tras analizar 'in situ' la situación, el Ejecutivo comunitario ha concluido que España no ha infringido las normas de la UE al endurecer los controles fronterizos en Gibraltar. Además, ha pedido medidas para reglar las importaciones de tabaco que entran en el Peñón, desproporcionadas para los habitantes de la colonia, tal y como muestran los datos proporcionados por el Gobierno español.
Bruselas seguirá supervisando la situación en la Verja quiere recibir en seis meses información de las autoridades españolas y gibraltareñas sobre cómo han seguido sus recomendaciones.
