La evolución reciente del derecho medioambiental, que desde el año 2010 incluye la responsabilidad penal de las empresas, ha sido el objeto de la jornada “La protección del medioambiente en el ordenamiento español”, que ha tenido lugar en el Palacio de los Gobernadores. Organizada por la Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz (CEC) y con el patrocinio de Cepsa, han asistido numerosos empresarios campogibraltareños, así como autoridades y técnicos municipales.

El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, ha sido el encargado de presentar el acto junto al director de la factoría de Cepsa, Ramón Segura, y el presidente de la CEC, Javier Sánchez. En su intervención, el primer edil ha agradecido tanto a la patronal gaditana como a la empresa química el haber elegido San Roque y, más concretamente, “un edificio tan singular” como el Palacio de los Gobernadores para llevar a cabo esta jornada. También mostró su reconocimiento a los dos ponentes, el fiscal Ángel Núñez y el jefe de Servicio de Protección Ambiental de la Delegación de Medioambiente, Ramón Bravo.

“Pocos municipios -apuntó Ruiz Boix- podrían rivalizar con San Roque en el interés que despierta el asunto que nos trae aquí: la protección del medioambiente en el ordenamiento español. Situado a un paso de dos parques naturales y con espacios de gran valor ecológico como el Pinar del Rey, el estuario del río Guadiaro, la Finca La Alcaidesa, Guadalquitón y Borondo, el término municipal de San Roque alberga también la mayor parte del polo industrial campogibraltareño, el segundo polígono químico de todo el territorio nacional y el primero de Andalucía”.

“Como alcalde, represento a la administración más cercana al ciudadano sanroqueño, quien acude en primer lugar al Ayuntamiento para que reclame a las empresas el máximo celo en esta materia”, dijo el primer edil, quien también destacó en que San Roque se ha logrado “el difícil equilibrio” que supone contar con un polo químico de primer nivel y con una urbanización turística de prestigio internacional.

“Pero el mayor interés en conocer esta evolución de las normas tiene que recaer en las mismas empresas -indicó Ruiz Boix-. Por eso quiero destacar la importancia de que la patronal gaditana sea la encargada de llevar esta información a sus asociados, organizando este acto. Al igual que debo resaltar que, por parte de Cepsa, se vuelve a hacer gala de ese sentido de la responsabilidad al que nos tiene acostumbrados al asumir el patrocinio de esta jornada”.

Previamente al alcalde, intervinieron Ramón Segura y Javier Sánchez. En sus palabras, el director de la Refinería San Roque-Gibraltar resumió las actuaciones que en materia medioambiental se han puesto en marcha en los últimos años en las instalaciones de Cepsa. En este sentido, indicó que “mantenemos un continuo esfuerzo en implantar mejoras en relación a la seguridad, la protección a la salud y el medioambiente, así como en otros parámetros de responsabilidad social”.

“En Cepsa-San Roque -manifestó Segura- mantenemos desde hace tiempo un continuo esfuerzo en la reducción de las emisiones. Eso se ha ido materializando año tras año con el perfeccionamiento de los procedimientos y la ejecución de inversiones que han permitido obtener los mejores resultados medioambientales de nuestra historia”.

Además de la formación de su personal y de las empresas auxiliares y la creciente comunicación con la población cercana, citó actuaciones como la “recuperación y puesta en valor del humedal del Arroyo de la Madrevieja. Como hitos medioambientales del año 2013 -subrayó- hay que citar que no se produjo ninguna superación de los valores de calidad del aire que rodea nuestras instalaciones, gracias al buen funcionamiento del protocolo establecido con la Delegación de Medioambiente de Cádiz de la Junta de Andalucía. En cuanto a la calidad de las aguas residuales de las instalaciones -manifestó- se ha conseguido el cien por cien del cumplimiento de los parámetros analizados a diario en el emisario submarino”.

También se refirió a la Guía de Buenas Prácticas Medioambientales en las operaciones portuarias, cuyo cumplimiento garantiza minimizar los riesgos de vertido en la instalaciones industriales, así como la implantación de un programa que permite detectar las pequeñas fugas. En relación a la materia concreta de la jornada de hoy, indicó Ramón Segura que se ha puesto en marcha un proyecto para la consecución de “un modelo de control para la prevención de delitos penales. Ese modelo servirá a Cepsa para acreditar que la persona jurídica ha ejercido el debido control que le es exigible por Ley”.

En cuanto a la intervención de Javier Sánchez, destacó que la elección del Campo de Gibraltar para esta jornada se debe a que se trata de “una zona de la provincia donde gozamos de un índice de industrialización que quizás es conocido y valorado por pocos”. En cuanto a los ponentes, indicó que Ramón Bravo iba a mostrar el punto de vista de la Administración andaluza en esta materia, y anunció que en sus palabras seguro que iba a incluir “un punto de provocación”. En este sentido, el presidente de la patronal gaditana señaló que “no todo recae en la espalda de la Administración, pero tampoco todo debe ser responsabilidad de las empresas”.

Respecto a Ángel Núñez, recordó el presidente de la patronal que fue el primer fiscal de Medio Ambiente de la provincia de Cádiz, y que en su día asesoró al Ministerio de Justicia cuando se modificó el Código Penal introduciendo a las empresas como responsables penales. De ahí la importancia de “conocer de primera mano por qué se hizo y cómo se articula esa normativa que afecta trasversalmente a todas las actividades empresariales”.

Finalizó agradeciendo al Ayuntamiento la cesión del Palacio de los Gobernadores para llevar a cabo esta jornada, y se ofreció al Consistorio y a la Agrupación de Grandes Industrias (AGI) para que la CEC lleve a cabo más actividades de este tipo en el Campo de Gibraltar.

En la introducción de la jornada se indicaba que “la protección del medio ambiente es hoy en día uno de los principios que inspira el ordenamiento jurídico y que recae no sólo sobre las administraciones, sino también sobre los actos económicos y sociales, enmarcando la actividad de las empresas. El nivel de protección se va incrementando conforme al desarrollo de la sociedad en la que vivimos”.

“La reforma del Código Penal de 2010 -continuaba la introducción- establece por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas, rompiendo así con el viejo principio de 'societas delinquere non potest' (…), lo que supone un cambio de dimensiones muy transcendentes que sitúa a las empresas ante un desafío importante en cuanto a la prevención de conductas que pudieran entrañar responsabilidad penal de la propia empresa”.