La oferta también cumple los requisitos económicos, ya que rebaja la cuantía prevista de 716.689 euros a 714.539 euros, y los plazos de ejecución previstos, que pasarían de 24 a 18 meses.
En los próximos días, el alcalde, José María Román, procederá a firmar el Decreto de Alcaldía a través del cual se adjudica de forma provisional esta actuación. Una vez transcurrido diez días, plazo estipulado para la presentación de alegaciones, se elevará este acuerdo a definitivo.
“El proceso de adjudicación se ha agilizado al máximo, a pesar de los numerosos procesos administrativos que conlleva el desarrollo de un proyecto de esta envergadura y relevancia para la ciudad, y continuaremos en esta senda para éste y otros proyectos importantes para Chiclana. Muy pronto se producirá la adjudicación definitiva y la empresa responsable del proyecto iniciará su trabajo que deberá estar finalizado en 18 meses”, ha explicado la delegada municipal de Urbanismo, Cándida Verdier.
Cabe recordar que el actual plan, aprobado en 2007, fue anulado hace unos meses por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por cuestiones de forma, aunque mantiene de momento su vigencia hasta que se resuelva el recurso de casación que el Ayuntamiento ha presentado ante el Tribunal Supremo (TS). La redacción del nuevo documento se hace ante la posibilidad de que el TS anule definitivamente el actual plan, un pronunciamiento que se espera tarde entre dos y tres años como mínimo.
La delegada de Urbanismo insiste en que hay tiempo suficiente para la entrada en vigor del nuevo ordenamiento urbanístico antes de un fallo del Supremo. En este sentido, se refirió a que los plazos habituales son de un año para la admisión del recurso y dos más para resolver el asunto.
El nuevo documento urbanístico recogerá, en gran medida, los aspectos que reúne el actual, dado que las sentencias del TSJA no pusieron en entredicho su contenido, aunque habrá algunas variaciones, como la construcción de un mayor número de viviendas sociales.
Territorio y Ciudad es una empresa constituida en 1997 especializada en el planeamiento y en la gestión del territorio y cuyo responsable es Manuel González Fustegueras. Se da la circunstancia de que ésta es la misma empresa que redactó el PGOU ahora anulado.