El Gobierno central y la Junta de Andalucía firmaron hace hoy justo un año el Acuerdo por Doñana, un documento con medidas y actuaciones en materia medioambiental y socioeconómica para asegurar la conservación del espacio natural y el desarrollo sostenible de su área de influencia, cuya ejecución ha avanzado en estos 365 días, aunque a diferente ritmo según quien lo analice.
En virtud de este acuerdo, con el que se ponía fin a dos años de polémicas en torno al futuro del espacio y que suponía la retirada de la proposición de ley presentada en el Parlamento de Andalucía para regularizar los regadíos de la Corona Norte de Doñana, ambas administraciones comprometían una inversión de 1.434 millones de euros para el marco 2023-2027 -de los que 706 los aporta el Gobierno central y 728 la Junta de Andalucía-.
Coinciden los firmantes, un año después, de que la ejecución del acuerdo avanza a buen ritmo, una velocidad con la que no están de acuerdo los grupos conservacionistas, que reclaman más celeridad en la puesta en marcha de algunas actuaciones comprometidas, y tampoco los agricultores, quienes no terminan de recibir las ayudas prometidas para renaturalizar o reconvertir sus fincas.
Ejecutada más de una cuarta parte del acuerdo, según la Junta
La Junta de Andalucía, según han asegurado a EFE desde la Consejería de Medio Ambiente, ya ha ejecutado íntegramente más de una cuarta parte del acuerdo y "muchas de las actuaciones a las que se comprometió están finalizadas y otras en un grado de ejecución superior al previsto".
Andalucía se comprometió a impulsar obras hidráulicas de depuración, abastecimiento y embalses por valor de 335 millones de euros y ya ha ejecutado 61 millones de euros y otros 106 millones están en marcha.
También acordó movilizar fondos europeos para el sector agrícola y ganadero por valor de 251,5 millones de euros para modernizar explotaciones, diversificar la producción y mejorar la comercialización, de los que ya ha ejecutado 62 millones; en cuanto al sector pesquero, ya se han invertido 10 de los 23,5 millones que se van a movilizar.
Respecto a las medidas medioambientales, la Junta ha destacado que en este año se han invertido 21,8 millones de euros para el sector forestal y el medio natural; asimismo se han destinado 72 millones de euros a la compra de la finca Veta La Palma, en la Puebla del Río (Sevilla), que va a incorporar al espacio natural 7.500 hectáreas.
Finalmente, se encuentra en tramitación un montante de 4,4 millones de euros para ayudas a los cinco municipios de la Corona Norte de Doñana.
Casi 300 millones movilizados o comprometidos por el Gobierno
Por su parte, desde la Oficina Técnica de Doñana del Ministerio para la Transición Ecológica han indicado a EFE que en el ámbito medioambiental ya han movilizado 180 millones de euros destinados a la restauración de ecosistemas y a la mejora en la gestión del agua; paralelamente, en el terreno socioeconómico han comprometido 118 millones de euros en ayudas directas dirigidas a agricultores, ganaderos y municipios, fomentando un desarrollo equilibrado para el entorno.
Además, durante este año han aumentado a 66 el número de pozos ilegales precintados como medida cautelar y han descendido a 704 las hectáreas en presunción de ilegalidad en la Corona Norte, unas noventa menos que en la primavera del año pasado. Para el control se ha implementado una herramienta de teledetección basada en inteligencia artificial.
Asimismo, se han asignado 2,7 millones a tres comunidades de regantes del entorno de Doñana y se han destinado 25 millones de euros para reducir las pérdidas de agua en abastecimiento en los municipios del área de influencia, entre otras cuestiones. A ello se suma el inicio de la tramitación ambiental del proyecto para recrecer el Embalse del Agrio, o la ejecución de mejoras en estaciones de depuración y saneamiento.
En cuanto a los avances en el ámbito socioeconómico, se han firmado los 14 convenios con los municipios del entorno de Doñana y ya está lista la orden para el ingreso de los primeros 35 millones, mientras que las ayudas agrícolas se publicarán este mismo año y la convocatoria para las conocidas como "buenas prácticas", por valor de 11,5 millones, así como las bases para las destinadas a la reconversión de actividad agrícola, a las que se destinan 28 millones de euros.
"Aunque los avances son significativos y nos permiten mirar al futuro con esperanza, somos conscientes de que la tarea no ha terminado. La recuperación de Doñana exige un esfuerzo continuo y sostenido que estará siempre en el centro de nuestra acción", han señalado.
Más celeridad
La satisfacción por el ritmo de ejecución del acuerdo por parte de las administraciones contrasta con la opinión de colectivos conservacionistas y los propios agricultores, a los que han de llegar las ayudas para la renaturalización o la conversión.
Desde la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, que aglutina a los regantes de la Corona Norte, han apuntado que están a la espera de conocer qué pasa con las ayudas, ya que aunque desde la administración se habla de este 2024, ellos aún no conocen ni plazos ni requisitos.
Ante esta incertidumbre han solicitado una reunión con la Junta y el Gobierno para conocer cómo va la situación después de un año y han advertido de que si las ayudas no se activan pronto, van a retomar las negociaciones para activar la proposición de ley en el Parlamento andaluz.
Por otro lado, grupos como WWF y Ecologistas en Acción han pedido pasar "del papel a la realidad" en la conservación de Doñana y desarrollar de manera urgente las medidas contempladas en el acuerdo tendentes a recuperar la situación hídrica del espacio natural, como la recuperación del Guadiamar o llevar agua desde Mazagón a Matalascañas.
También reclaman más celeridad en cuestiones como la erradicación de los asentamientos chabolistas existentes en una zona que es Reserva de la Biosfera.
