El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tendrá que decidir si se ajusta a la legalidad vigente la petición formulada este viernes por parte del presidente del Gobierno autonómico, Juanma Moreno, de que sea obligatorio presentar el pasaporte Covid para acceder a los centros sanitarios y la residencias de mayores, como primer paso de la instauración de este certificado en otros ámbitos.
Pero los expertos en medicina han dictaminado ya que “la medida es sensata” ante el crecimiento sostenido de contagios: este viernes, la comunidad registró más de mil nuevos casos, cinco fallecidos y una tasa de incidencia de 90,1 positivos por cada 100.000 habitantes, frente a los 60,1 de hace justo una semana.
El director del Instituto Balmis de Vacunas, Francisco Giménez, advierte de que la relajación de medidas de contención y la leve disminución de la respuesta inmunitaria de las personas vacunadas, que obliga a recibir una tercera dosis, han causado este alarmante repunte.
En Europa, epicentro mundial de la pandemia en la actualidad, la baja tasa vacunal, con países como Bulgaria que solo han administrado el suero al 25% de la población, agravan la situación.
España y Andalucía, a pesar de contar con porcentajes superiores al 80%, tampoco debe bajar la guardia, en opinión de Giménez, quien sostiene en conversación telefónica que “exigir el certificado en aquellos espacios cerrados sin ventilación suficiente y abiertos donde no sea posible guardar distancia de seguridad servirá para contener la expansión del virus”.
Además, considera justo que, quien no ha sido solidario con el resto de la sociedad, vea restringido su acceso a espacios comunes.
“El pasaporte Covid servirá también para fomentar la vacunación”, sostiene. “Hay una parte residual de la población que más que ser negacionista se resiste a los avances de la ciencia y estos son difíciles, casi imposible, de convencer de lo contrario”, admite. “Pero hay muchos que no se han inmunizado -añade- que tienen dudas o información incorrecta”. Estos, con la obligatoriedad del certificado y la información correcta, pueden acabar vacunados.
En este sentido, propone que los profesionales de Atención Primaria, que tienen un contacto permanente y más cercano con los usuarios, contacten directamente con quienes no han recibido las dosis precisas.
En ningún caso, sostiene, es recomendable establecer la obligatoriedad porque “la experiencia nos dice que produce justo el efecto contrario al deseado”.
En este extremo coincide José María Domínguez, integrante de la Comisión de Deontología del Consejo andaluz de Colegios de Médicos. Domínguez, que ya ha expresado en alguna ocasión que “se ha perdido la oportunidad de hacer una normativa específica”. No en vano, ni tan siquiera los médicos están obligados a vacunarse contra el Covid-19 de acuerdo al actual Código Deontológico, redactado en 2011. “Nadie fue capaz de vislumbrar lo que está pasando”, explica.
Pero, aunque la legislación sí permite en determinados casos medidas coercitivas, como el ingreso involuntario por mandato judicial ante el riesgo de propagación de una enfermedad infecciosa, como la tuberculosis, apela a las convicciones para quien tenga dudas de recibir la inyección. “No es una cuestión de normativa, es una cuestión moral”, argumenta.
“Quien rechaza la vacuna lo hace por motivos ideológicos, pero debe saber que, aunque está en su derecho, nos encontramos con un serio problema de sanidad pública y es importante la ejemplaridad”, añade Domínguez, por lo que pide que se planteen la inmunización por el bien de la comunidad. “La sociedad nos necesita vacunados” para frenar la propagación del virus, concluye.
