La Delegación territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta en Cádiz ha dado un mes de plazo al inquilino de una de las 12 viviendas utilizadas por los trabajadores del servicio de carreteras en El Puerto de Santa María, un "extrabajador" que había denunciado su desahucio, para que acepte una vivienda en alquiler en la localidad gaditana con una renta "adecuada a sus ingresos".
Fuentes de la Delegación han explicado que "con el objetivo de hacer compatible el derecho a la vivienda de todos los afectados", puesto que, según aseguran, otro trabajador "al que sí le corresponde" está demandando esta vivienda; se le ha ofrecido a Rafael Carbajo un alquiler "cuando acredite sus ingresos".
Las fuentes insisten en que está "más que acreditado" que "no tenía fijada su residencia en este inmueble", sino en Cádiz capital, aunque apuntan que hace unos días que "ha regresado" a la vivienda "objeto de controversia".
Así, los servicios jurídicos de la delegación le han remitido una carta, dejando "en suspenso el proceso", para que en el plazo "de un mes" acepte o no una vivienda de alquiler "adecuada a sus ingresos".
Cabe recordar que las 12 viviendas, situadas en la calle Sarmiento de El Puerto de Santa María, venían siendo usadas por los peones adscritos al servicio de conservación de carreteras. Seis de ellas están ocupadas en la actualidad por trabajadores "en activo", mientras que en las restantes viven viudas, jubilados y familiares de estos trabajadores.
Pertenecían al antiguo MOPU, aunque dos de los bloques de viviendas fueron segregadas y pasaron a manos de la Junta de Andalucía (los bloques 2 y 3) -- éste último donde se sitúa la vivienda afectada; mientras que el 1 y el 4 quedaron en manos de la Administración del Estado.