El Ministerio Público (MP) de Honduras pidió ayer a la Corte Suprema de Justicia que emita una orden de captura contra la cúpula de las Fuerzas Armadas por la expulsión del país del depuesto presidente, Manuel Zelaya, el 28 de junio pasado, y solicitó la apertura de un proceso judicial sobre el caso.

El fiscal contra la Corrupción, Henry Salgado, confirmó a periodistas que presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un “requerimiento fiscal” contra la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, encabezada por el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Romeo Vázquez, e integrada por otros cinco oficiales.

El fiscal precisó que se pidió al tribunal supremo emitir “la orden de captura (contra los militares) y que se les inicie el procedimiento, que se les escuche y se les tome su declaración indagatoria”.

Salgado explicó que presentó el recurso ante la CSJ porque se trata de “altos funcionarios” del Estado y que se acusa a la Junta de Comandantes de los delitos de abuso de autoridad y expatriación por haber expulsado a Zelaya hacia Costa Rica el 28 de junio, cuando los militares sacaron por la fuerza al presidente del poder.

La CSJ deberá nombrar, entre sus 15 magistrados, a un juez especial para que lleve este caso, añadió.
La Constitución prohíbe la expatriación de hondureños.

Según el Gobierno de facto que preside Roberto Micheletti, los militares derrocaron a Zelaya en cumplimiento de una orden de captura emitida por un juez de la Corte Suprema como parte de un proceso incoado por el MP contra el depuesto mandatario por impulsar una consulta declarada ilegal para promover una Asamblea Constituyente.

El general Vázquez dijo a medios locales desde San Pedro Sula (norte) que desconoce la acción del MP pero que está dispuesto a presentarse ante la justicia.

“Todavía no tengo la información, vamos a tratar de investigar”, pero ante “cualquier situación que se presente (...) vamos a someternos a la justicia hondureña si es necesario porque nosotros somos hombres de ley”, aseguró.
El Congreso Nacional tiene pendiente discutir en los próximos días una amnistía política para los involucrados en la crisis causada por el derrocamiento de Zelaya.

“Es evidente que es necesario llevar a cabo una más amplia y eficaz labor civil, para lo que se requiere una mejor coordinación internacional”, observó en su intervención el máximo responsable de Naciones Unidas.