Según informó ayer The Sunday Times, Cameron expondrá la iniciativa esta semana al Gabinete de ministros con la intención de elaborar un proyecto de ley sobre la denominada “gran sociedad”, que satisfaría su gran sueño y promesa electoral de traspasar a los ciudadanos la gestión de servicios y prestaciones que tradicionalmente han estado en manos del Estado.
El primer ministro confía en que este nuevo proyecto político de reforma (hacia una menor dependencia del Estado) corra mejor suerte que la anunciada y de momento fallida reestructuración del Servicio nacional de salud (NHS), que tuvo que suspenderse ante la oposición que suscitó en sectores políticos y profesionales.
Con este nuevo plan de reforma del sistema de prestaciones, Cameron espera consolidar su reputación como jefe de Gobierno con ideas radicales, apunta el periódico conservador, que revela que el asesor del primer ministro en el asunto de “la gran sociedad”, Steve Hilton, podría dimitir si el ambicioso proyecto no sale adelante.
De acuerdo con el plan propuesto, los usuarios de ciertos servicios sociales, como ancianos que requieren cuidados, jóvenes con problemas de salud mental o personas con enfermedades crónicas, tendrán un presupuesto propio -calculado según lo que actualmente se gasta en ellos- y podrán “comprar” servicios a proveedores externos en lugar de tener que aceptar los que ofrecen los Ayuntamientos y autoridades locales.
Así, los ancianos podrían decidir cómo se invierte el dinero destinado a su cuidado, los enfermos crónicos podrían escoger sus propios tratamientos terapéuticos y los consejos parroquiales -el escalón más bajo de autoridad local- tendrían competencias sobre aparcamientos, parques y restricciones de tráfico.
En varios programas piloto, enfermos crónicos han decidido, por ejemplo, gastar su presupuesto en masajes y terapias complementarias en lugar de en analgésicos, mientras que adolescentes con trastornos mentales han invertido en excursiones o sesiones deportivas en lugar de optar por servicios proporcionados por profesionales.
El periódico apunta que la iniciativa seguramente suscitará la oposición de los actuales proveedores de servicios sociales, así como de quienes vean en ella un intento de traspasar servicios públicos al sector privado.
