Tras reprochar al PP que creyera en la palabras del imputado en el caso de los ERE
El exdirector general de Empleo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, imputado por los ERE fraudulentos, ha anunciado que se querellará contra el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE) por llamarle “chorizo, putero y drogadicto”.
El abogado de Guerrero, Fernando de Pablos, ha anunciado a Efe esta decisión de su cliente después de las palabras de Villalobos durante un pleno de la Diputación celebrado ayer, en el que se ha registrado un cruce de acusaciones entre PSOE y PP.
El diputado provincial del PP Eloy Carmona ha afirmado que la Diputación es “una pieza más del fraude y del mangoneo del PSOE” y ha acusado a la institución de amparar a implicados en la trama, en aparente referencia a la exalcaldesa de Villanueva del Río y Minas (Sevilla) María José Cervantes, actual directora de Cohesión e Igualdad de la Diputación, o Ramón Díaz Alcaraz, ahora diputado andaluz por el PSOE.
Rodríguez Villalobos le ha contestado criticando que el PP conceda “credibilidad” a un “chorizo, putero y drogadicto” como Francisco Javier Guerrero, cuyo antiguo chófer ha declarado a los investigadores que gastó en “fiesta, copas y cocaína” y junto a su jefe buena parte de las subvenciones públicas de que disfrutó. “¿Ustedes le dan credibilidad y yo me lo tengo que tragar?”, ha arremetido Rodríguez Villallobos contra los populares.
Ante las palabras de Rodríguez Villallobos, Eloy Carmona ha intentado interceder en el pleno, pero el presidente le ha conminado a “callar” o abandonar el salón. Incluso ha zanjado con un recio aviso de “aplausos ninguno” el intento de los diputados socialistas de aplaudir su intervención.
No es esta la única querella anunciada por el exdirector general de Trabajo, que también se querellará contra su exchófer, Juan Francisco Trujillo, quien ha declarado a la Guardia Civil que con parte de las subvenciones obtenidas por sus empresas compró cocaína para su jefe y pagó “fiestas y copas”. También pretende actuar judicialmente contra todas las personas que se están haciendo eco de sus manifestaciones.