El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este jueves por unanimidad "dejar constancia de su disposición" de comparecer ante las Cortes Generales y ante el Tribunal de Cuentas para dar cuenta de su actividad, lo que según la portavoz de este órgano, Gabriela Bravo, incluye también las labores realizadas en el pasado, como son los viajes.

    Además, durante el Pleno celebrado este jueves, el órgano de gobierno de los jueces ha escuchado un informe de su Secretario General, quien da fe de todas las actividades del Consejo, que concluye que no ha habido viajes de vocales en fin de semana a lugares distintos a su residencia habitual ni tampoco situaciones análogas a las disfrutadas por su presidente dimitido, Carlos Dívar.

   Con estas resoluciones, además de la aprobación de un plan de austeridad y transparencia, los 20 vocales del Consejo pretenden "disipar las sombras de duda" y  poner distancia con la polémica surgida tras  conocerse que Dívar realizó hasta 32 viajes de fin de semana largos, de hasta 4 días, parte de cuyos gastos fueron cargados al CGPJ.

   No obstante, y pese a la insistencia de los periodistas, Bravo señaló que no se dará cuenta a los periodistas de información pormenorizada sobre  los viajes que ha realizado cada vocal y tampoco quiso aclarar si esta posibilidad fue abordada durante el Pleno, alegando que las deliberaciones son "secretas".

PROPUESTA RECHAZADA

    Respecto de la comparecencia en las Cortes, el Pleno ha rechazado igualmente, al obtener únicamente 5 votos frente a 15 abstenciones, una propuesta de los vocales Margarita Robles, Inmaculada Montalbán, Carles Cruz y Félix Azón para que el CGPJ se dirigiera a los presidentes de las Comisiones de Justicia del Congreso y el Senado para ponerse a disposición de estos órganos con objeto de dar cuenta de sus actividades. 

   Esta propuesta, que además de los votos de los cuatro proponentes sumó la de la vocal designada a propuesta el PNV, Margarita Uría, supondría un paso más al adoptado por la mayoría, ya que sería el propio Consejo el que se dirigiría a las Cortes en vez de dejar simplemente constancia de esta intención.

   Sobre los viajes internacionales realizados por los vocales, algunos de los cuales ha salido a la luz pública durante los últimos días, Bravo ha recordado que siempre responden a actividades propias del Consejo y son precedidos por un informe de "idoneidad" y aprobados por la Comisión Permanente.

GASTOS EN 2011

   El plan de transparencia se presenta para reformar el actual régimen de gastos tras el escándalo de los viajes en fin de semana que costó el puesto a Dívar e incluye, entre otras medidas, que los vocales no puedan alargar sus viajes más allá del día anterior y posterior al día del evento al que acuden y deben justificar, o que aquellos consejeros  que son de fuera de Madrid no puedan cargar al Consejo más que un viaje de ida y vuelta a su domicilio a la semana.

   Durante un encuentro celebrado el pasado viernes entre periodistas y el vocal de la Comisión Presupuestaria Ramón Camp, se dio cuenta los altos cargos del Consejo (los vocales más el secretario general) emplearon a lo largo de 2011 un total de 470.645 euros en desplazamientos por el territorio nacional y gastos de protocolo.

   A esta cifra habría que sumar la parte correspondiente a los viajes de los vocales cargada al capítulo de relaciones internacionales, que ascendió a un total de 360.088,59 euros en 2011; y lo pagado por el órgano de gobierno de los jueces para viajes de personal de su parque móvil y la manutención de los escoltas con los que el Ministerio del Interior dota los desplazamientos de estos altos cargos, que sumaron otros 295.271,04 euros más.

PLAN DE AUSTERIDAD

   El texto elaborado por los vocales Ramón Camp y Claro-José Fernández-Carnicero aprobado este jueves sustituirá a la actual, de 1996, que no obligaba a los altos cargos del órgano de gobierno de los jueces a especificar el motivo de sus viajes. Ahora deberán hacerlo, además de tratar que algunos puedan sustituirse por videoconferencias para evitar el gasto.

   Supone una actualización completa de las normas sobre indemnizaciónes y desplazamientos no sólo de los altos cargos, sino también de los jueces y magistrados en general y del personal del parque móvil.

   Junto a los conductores y con las mismas normas referidas a dietas el documento incluye a los escoltas, y ello a pesar de que los vocales, excepto su presidente, no disponen desde ayer de este servicio que les brindaba el Ministerio del Interior. La razón es que el documento que se somete al Pleno tiene "vocación de futuro" y no se sabe si algún día deberán volver a necesitarlo, según las mismas fuentes.

   El texto alude a la Ley de Transparencia presentada recientemente por el Consejo de Ministros y prevé la no disponibilidad de un total del 20 por ciento de los gastos previstos para protocolo. Del total del presupuesto para 2013, que se prevé alcance los 67,2 millones de euros, se prevé una minoración del 5 por ciento, la misma que se ha aplicado a los de este año.

   Otras medidas de austeridad, dirigidas a controlar el gasto y reconquistar la confianza de los ciudadanos y de la propia Carrera Judicial, pasan por revisar los convenios firmados con distintas entidades en materia de formación y reducir progresivamente el personal de la casa (que actual asciende a 446 personas).

   En el capítulo de viajes, además de limitar las estancias al día anterior y posterior del evento en particular (útil en los casos en los que el acto en cuestión comience a primera hora de la mañana o termine muy tarde), la nueva norma prevé que los desplazamientos se realicen en clase turista,  con el personal del Consejo imprescindible y que los hoteles escogidos no superen los 102 euros por noche.

   Con respecto a los vocales cuyo domicilio está fuera de Madrid, que son un total de 15, los viajes de ida y vuelta a casa se limitarán a uno por semana, festivos y vacaciones.