El PSOE reunirá esta semana a su Comisión Ejecutiva Federal para aprobar una declaración por la regeneración democrática y contra la corrupción y lo hará en Valencia, lugar que consideran "paradigma" de este "cáncer" que asola el PP, según han explicado a Europa Press fuentes de la dirección socialista.
La cita estará presidida por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y de ella resultará la 'Declaración de Valencia', un "nuevo contrato democrático" que este partido quiere firmar con la sociedad española y cuya redacción ha coordinado el líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig, también secretario de Reformas Democráticas de la dirección federal.
El documento recogerá las medidas que anunció la pasada semana el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, después de Ferraz anunciara que no alcanzará ningún pacto sobre este asunto con el PP, por entender que es "el partido de la corrupción".
Pero no sólo será un compendio de las reformas legislativas que quieren promover los socialistas, sino que además quiere servir de marco de referencia para todas las iniciativas que el PSOE quiere promover para avanzar en la lucha contra esta lacra.
Algunas de las medidas que quieren hacer realidad los socialistas formarán parte de una proposición de ley que registrarán en la Cámara Baja y para las que tratarán de recavar los apoyos de otros grupos parlamentarios. Aunque el PSOE ha cerrado la puerta a un acuerdo con el PP, sigue abierto al diálogo para que sus propuestas parlamentarias puedan salir adelante.
La iniciativa del PSOE incluye una treintena de reformas que buscan endurecer los controles y los castigos de este tipo de delitos. Además, proponen la instauración de un delito de financiación ilegal de partidos --que también castigue al que paga-- y la obligatoriedad de que las formaciones políticas devuelvan el dinero obtenido de esta manera.
Además, y para ahondar en el compromiso de que "quien lo hace, la pague y lo pague", que defiende Pedro Sánchez, defiende revisar las normas reguladoras de la responsabilidad civil para asegurar que, en supuestos de corrupción, las consecuencias del delito se satisfagan con todos los bienes y derechos del condenado y, con las garantías debidas, los que pudiesen figurar a nombre de sus allegados o testaferros.
NUEVA OFICINA ANTICORRUPCIÓN
También propone la creación de una Oficina Anticorrupción, con capacidad de actuación, con competencia para revisar actuaciones y procedimientos con alcance económico y capacidad para exigir las responsabilidades que puedan derivarse de ellos.
Asimismo, la iniciativa pretende extender a otros partidos algunas medidas del nuevo Código Ético del PSOE. Así, propugna el cese obligatorio de los altos cargos y la suspensión de parlamentarios y concejales en el momento en el que sean llamados definitivamente a juicio oral por delitos de corrupción política, así como la prohibición de nombrar altos cargos a quienes se encuentren inmersos en juicio oral por estos delitos. Y quieren que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General incorpore también la imposibilidad de ir en las listas a personas en esta situación.
Otras medidas son la atribución a la Audiencia Nacional de la instrucción y enjuiciamiento de los delitos de corrupción política y el establecimiento de un procedimiento preferente y sumario para que estos delitos puedan enjuciarse y castigarse de forma rápida.
Además, incorpora la prohibición del indulto para delitos cometidos por una autoridad en el ejercicio de su función o cargo público, con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero.
En materia de regeneración democrática, el PSOE defiende las primarias entre militantes para elegir a los responsables máximos de todos los partidos y que se especifique en los estatutos de las formaciones políticas la suspensión o anulación de afiliación y militancia en supuesto de corrupción.
MÁXIMO DE DOS MANDATOS EN MONCLOA
Asimismo, abogan por limitar a dos los mandatos consecutivos para ejecer la Presidencia del Gobierno y limitar y reducir los aforamientos. También proponen modificar el procedimiento para designar a los miembros de órganos constitucionales y de otros órganos elegidos por las Cámaras, de manera que se evalúe la competencia e idoneidad de los candidatos.
El paquete de medidas incorpora también la dedicación exclusiva de los parlamentarios y la exigencia de un certificado fiscal que compruebe que no cuentan con deudas tributarias, su situación patrimonial y las variaciones que se hayan podido producir, una exigencia que extiende a los miembros del Gobierno y los altos cargos de la Administración general del Estado.
También propone aumentar de dos a cinco años el periodo de incompatibilidad para altos cargos que quieran incorporarse a empresas del sector sobre el que hayan tenido responsabilidades de regulación o gestión.
Y defiende que el ministro de Hacienda y las Administraciones públicas presenten anualmente ante el Congreso un informe detallado por Ministerios de los gastos de representación de todos los altos cargos.
En materia de financiación de partidos, además del nuevo delito de financiación ilegal, proponen que se reduzca de manera "significativa" la cuantía máxima permitida de donaciones dinerarias provenientes de las personas físicas.
