El pacto contra el terrorismo yihadista que hoy firman el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa se suma a otros grandes acuerdos suscritos por los partidos en los últimos 27 años en materia antiterrorista.

El Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo, también conocido como Pacto Antiterrorista y suscrito el 12 de diciembre de 2000, era, hasta hoy, el último acuerdo alcanzado contra la violencia terrorista en España.

La historia de los acuerdos antiterroristas comenzó en 1987 con el Pacto de Madrid, resolución a la que siguió el Pacto de Ajuria Enea (1988), el Pacto de Navarra o de Pamplona (1988) y el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo (2000).

El Pacto de Madrid, firmado el 5 de noviembre de 1987 en el Congreso de los Diputados por todos los grupos excepto EA, surgió a iniciativa del PSOE meses después del atentado de Hipercor, el más sangriento en la historia de la banda terrorista, con veintiún muertos.

El acuerdo asumía una resolución parlamentaria de 1985, denunciaba la falta de legitimidad de ETA para expresar la voluntad del pueblo vasco, rechazaba así la negociación de problemas políticos con la banda, y emplazaba a los terroristas a abandonar las armas y a aceptar las vías democráticas.

El Pacto de Madrid, que se convirtió en el referente de los dos siguientes acuerdos contra ETA -el de Ajuria Enea (Vitoria) y el de Navarra-, se reunió por última vez el 12 de diciembre de 1997, tras el asesinato del concejal PP en Rentería José Luis Caso.

El Acuerdo para la Normalización y la Pacificación de Euskadi, conocido como Pacto de Ajuria Enea y firmado el 12 de enero de 1988, duró diez años y fue suscrito por todos los grupos con representación parlamentaria en la Cámara vasca, excepto HB.

Los firmantes se comprometían a defender el Estatuto de Guernica como "expresión de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos vascos", a apoyar "las vías de reinserción" para quienes renunciaran al terrorismo y a respaldar el diálogo "entre los poderes del Estado y quienes abandonen la violencia".

Si Ajuria Enea unió a los partidos democráticos vascos en 1988, el Acuerdo por la Paz y la Tolerancia, también conocido como Pacto de Navarra o de Pamplona, aglutinó a las formaciones navarras ese mismo año, excepto EA y HB, impulsado por el gobierno foral presidido por el socialista Gabriel Urralburu.

Esta iniciativa proclamó la legitimidad de todo proyecto político que no se apoye en la violencia, exigió a ETA el abandono inmediato y definitivo de las armas y abrió la puerta a una solución dialogada del conflicto vasco y a la aplicación de medidas de reinserción para los que abandonen la violencia.

En las últimas reuniones del Pacto de Ajuria Enea se comprobó el progresivo distanciamiento de los firmantes, que se consumó el 12 septiembre de 1998 con la firma de la Declaración de Lizarra en la localidad navarra de Estella.

El PNV, EA, HB e IU defendían en ella el diálogo sin condiciones y el denominado "ámbito vasco de decisión" como claves para la paz.

Cinco días después, ETA anunció un alto el fuego "total, unilateral e indefinido", que rompió en diciembre de 1999.

La ruptura de la tregua y la apuesta de los partidos nacionalistas vascos por Lizarra llevaron al entonces líder de la oposición y secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, a proponer un acuerdo al PP.

El Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo, también conocido como Pacto Antiterrorista, fue suscrito en la Moncloa el 12 de diciembre de 2000 por PP y PSOE para buscar una solución a la amenaza terrorista de ETA a través de una oposición democrática que aunara medidas políticas, judiciales y la cooperación internacional.

En el Pacto, que contó con el apoyo de otras formaciones, los dos partidos aseguraban que correspondía al Gobierno dirigir la lucha antiterrorista y se comprometieron a "eliminar del ámbito de la legítima confrontación política o electoral las políticas para acabar con el terrorismo"