El Gobierno español sostiene que su política exterior en materia de Derechos Humanos, también en el caso de Venezuela, "no depende de amenazas ni coacciones" al ser "una cuestión de principios" y ha destacado el "enorme valor" que tiene a su juicio la resolución aprobada por el Congreso de los Diputados que reprueba al Ejecutivo de Nicolás Maduro por la detención de opositores.
En una respuesta parlamentaria a la diputada de UPyD Irene Lozano, el Gobierno defiende que ese pronunciamiento de la Cámara Baja española, por la que protestó Caracas, "supone la expresión de la soberanía nacional en defensa de los derechos humanos en un país" con el que se tienen "enormes vínculos históricos, culturales y de todo tipo".
Esa resolución desencadenó una nueva escalada verbal de insultos del presidente Nicolás Maduro contra España, que terminó con la paciencia del Gobierno español, que protestó llamando a consultas a su embajador en Caracas, Antonio Pérez Hernández, que se reincorporará en breve a su puesto después de que España considere que este último desencuentro con Maduro se ha reconducido.
PIDE RESPETO MUTUO
En su respuesta a Lozano, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno afirma que desea tener, "desde el respeto mutuo", unas relaciones "constructivas" con Venezuela "por encima de las diferencias que pudiera haber".
Y es que, recuerda el Gobierno, más de 200.000 españoles residen en Venezuela y son numerosas las empresas españolas establecidas en ese país, donde contribuyen al progreso económico.
En este sentido, deja claro que existe por su parte "disposición a dialogar" con el Ejecutivo de Maduro "sobre cualquier ámbito de la relación bilateral".
La diputada de UPyD había preguntado al Gobierno si las amenazas de Maduro contra España constituían un impedimento para que el Ejecutivo reclamara el respeto de los DDHH en Venezuela. También quería saber si el Gobierno español piensa liderar en la UE y en otros foros internacionales la exigencia de liberación del destacado opositor Leopoldo López, y reclamar asimismo la puesta en libertad del resto de manifestantes detenidos "arbitrariamente" desde las protestas de febrero de 2014.
"El Gobierno español sigue la situación en Venezuela con preocupación y está dispuesta a apoyar toda iniciativa que permita una reducción de la tensión política en Venezuela y promueva un diálogo entre venezolanos conducente a la solución de los problemas en Venezuela, como la labor de 'acompañamiento' de los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas", responde el Ejecutivo.
