Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Roser Bach, María Victoria Cinto, Enrique Lucas, Clara Martínez de Careaga y Concepción Sáez han manifestado su satisfacción porque el Pleno de esta institución acogiera este jueves su propuesta de instar al Gobierno a modificar la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que la publicación del patrimonio de los vocales con responsabilidad en las contrataciones sea obligatoria por Ley.
Dicha propuesta se discutió en la sesión de ayer, donde este grupo de vocales instaron a la petición de la citada reforma legal con el objetivo de dar contenido a la obligación asumida por este órgano constitucional en el Convenio suscrito con la entidad "Transparencia Internacional" en lo relativo al patrimonio de los vocales de su "núcleo duro", los cinco que integran la Comisión Permanente del órgano junto al presidente, Carlos Lesmes.
"Consideramos necesario que esta obligación tenga carácter normativo, tal como se ha regulado en la Ley 3/2015 reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, y como asimismo se ha regulado para otras instituciones del Estado y de las Comunidades Autónomas", señala este grupo de vocales en una nota de prensa distribuida este viernes.
Para ello solicitaron que el Pleno del CGPJ que acordara instar al Gobierno y a los demás titulares de la iniciativa legislativa para que incorporaran a la Ley Orgánica del Poder Judicial los deberes de declaración de bienes y derechos de los que sean titulares los miembros del CGPJ y altos cargos del mismo que gestionen intereses económicos de la institución.
Igualmente pidieron que se acordara un régimen transitorio, en tanto no se incorpore al ordenamiento dicha reforma, de forma que los Vocales del CGPJ que se encuentren gestionando intereses económicos y los que lo vayan a hacer en un futuro, formulen una declaración análoga a la prevista en la norma referida para los Altos cargos de la Administración del Estado.
De esta forma, los vocales entienden que se compaginan perfectamente las exigencias del principio de legalidad con las demandas de transparencia en la gestión y funcionamiento de los poderes públicos.
"El Pleno del CGPJ aceptó por unanimidad la referida propuesta, por lo que queremos mostrar nuestra satisfacción por el consenso alcanzado" finaliza la nota, suscrita por el grupo de vocales que habitualmente es más crítico con las decisiones del presidente de la institución.
